•  |
  •  |

En un intento por legitimar las violaciones cometidas en contra de la familia García Toruño, representantes de Albanisa enviaron una carta al Ministerio de Energía y Minas, MEM, por medio de la cual pretenden que se desestime la demanda introducida por los afectados.

En la misiva alegan supuestas incongruencias dentro del proceso, como falta de legitimidad en la persona del solicitante, incompetencia de jurisdicción de la Dirección General de Minas, falta de acción del solicitante, petición de forma indebida y oscuridad en la demanda.

Según el jurista Gerardo González, ninguna de estas figuras jurídicas cabe en este caso.

“No puede alegarse falta de legitimidad, porque el solicitante para retirar la concesión es el dueño de la propiedad, es decir, la persona afectada. Tampoco se puede decir que hay incompetencia del Ministerio de Energía y Minas, porque los ministerios son estructuras administrativas verticales, cuya función es dar respuesta a la inquietud de los ciudadanos, y ellos son la autoridad competente en materia de concesiones mineras”, explicó González.

En cuanto a petición indebida y oscuridad en la demanda, el especialista aseguró que tampoco tiene fundamento alguno, ya que no existe intento de enmascarar nada.

“Aquí tenemos a una familia que le está informando al Estado que hubo uso inapropiado de los recursos del subsuelo, porque una empresa irrumpió en su propiedad sin un certificado de explotación, cédula de inspección, ni presentación de un informe de trabajo. No puede haber oscuridad en un proceso que está perfectamente claro”, añadió González.

Al final de la misiva, Albanisa adjunta una copia de autorización de sondeo otorgado por uno de los copropietarios de la finca Monte Carmelo, asegurando que esto justifica los trabajos de explotación.

“Esta carta solo extiende una carta de autorización de parte del propietario para realizar un estudio dentro de la propiedad, no de explotarla, es más, si hubiera decidido hacerlo, tenía que haberle extendido a Energía y Minas un cronograma de actividades y un estudio de impacto ambiental previo a iniciar la perforación”, señaló González.

Otras instituciones involucradas

González explicó que otras instituciones como el Marena, la alcaldía, la Procuraduría del Medioambiente, la Fiscalía, el Ministerio Público y la Policía, también deben tomar cartas en un proceso que involucra la explotación de los recursos renovables, daño a la propiedad privada y delitos ambientales.

Imparcialidad en duda
En cuanto al proceso administrativo abierto ante el Ministerio de Energía y Minas  contra el consorcio Estado-Albanisa, González presagia una respuesta negativa.

“Aquí es predecible lo que va a pasar, porque el Ministerio de Energía y Minas está siguiendo los pasos de un proceso legal. Primero está llamando a una mediación, y Albanisa está exponiendo sus alegatos. Después abrirá un proceso de presentación de pruebas y terminará diciendo que no estando en curso ninguna de las causales, no se retirará la concesión”, aseguró.

Al respecto, Álvaro Leiva Sánchez, abogado constitucionalista, hizo un llamado al debido proceso.

“El caso del ciudadano Manuel García Toruño y demás familiares, debe ser objeto de un proceso administrativo bajo los principios de imparcialidad y legalidad ante el Ministerio de Energías y Minas y el Mific. Esto para dirimir la cancelación de la licencia de explotación minera del área otorgada a la empresa privada Albanisa, por violación a la Ley 730. Si hubo irrupción en propiedad privada, tiene que haber previa y justa indemnización económica”, opinó Leiva.