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Las propuestas de Nicaragua ante el Fondo Monetario Internacional, además de estar a contra reloj en un plazo inmediato, a criterio de varios economistas lucen como un acuerdo más que favorece las relaciones macroeconómicas con los organismos financieros a costas de sacrificar beneficios sociales a la población.

Para el economista Adolfo Acevedo, el hecho de que el país se comprometa a garantizar que en caso de una recaudación adicional de ingresos se destinaría esos recursos a incrementar el pago de la deuda interna, implica una reducción en la inversión pública más socialmente delicada como salud, educación e infraestructura.

“Es decir, ni un solo centavo podrá utilizarse para incrementar la inversión pública en educación, salud o mantenimiento de los caminos rurales. Nótese que esto se acuerda con el FMI después de que la última reforma presupuestaria redujo el presupuesto del Mined y del Minsa como porcentajes del PIB, en relación con lo originalmente programado en 2010”, dijo Acevedo.

“De hecho, a lo largo del año el Ministerio de Hacienda y Crédito Público estará preparando propuestas de reforma tributaria que el nuevo gobierno podría considerar para implementar, las cuales contemplarían revisar el oneroso sistema de exenciones y exoneraciones y establecer regulaciones sobre precios de transferencia”, observó Acevedo.

Otro aspecto que acotó el analista socioeconómico, es que las discusiones tripartitas que el gobierno se compromete a sostener para garantizar las reformas al INSS, se seguirán ejecutando de espaldas a la población cotizante, tal como recientemente se discutió.

“La discusión sobre este tema, tan importante y tan trascendental, debe ser abierta a la ciudadanía y plenamente transparente, y con toda la información sobre la mesa”, dijo, agregando que al FMI le urge “que esas discusiones desemboquen en propuestas más concretas de reforma del INSS, a ser implementadas el próximo año”, acotó.

En fecha fatal de junio, el gobierno evaluará la situación del sector eléctrico para establecer, si es necesario, un calendario de ajuste de la tarifa de la energía.

“Para asegurar el normal funcionamiento del sector, garantizará los pagos de su factura eléctrica y los subsidios al consumo de energía de los consumidores que pagan tarifas sociales, pensionados y barrios pobres”, precisó Acevedo.

Otros aspectos a destacar por el economista, es que la Contraloría General de la República, según el compromiso de Nicaragua, publicará una auditoría del presupuesto nacional desde 2009, a finales del próximo junio de 2011, acción que a todas luces se ve imposible de cumplir, por cuanto la CGR ha sido una de las instituciones más ineficientes en auditar instituciones en el corto plazo, ya sea por falta de recursos económicos o por falta de voluntad política.

Además, de acuerdo con Acevedo, el Gobierno también tomará medidas para garantizar que las empresas públicas publiquen sus estados financieros auditados, a la par que el Gobierno también buscará la aprobación de una nueva ley de aduanas y realizará más esfuerzos para fortalecer la gestión de liquidez, “a fin de lograr una reducción de la deuda flotante, al revisar el cupón de las nuevas emisiones de deuda pública para reflejar la disminución en los costos financieros de mercado”.

Otra medida a contra reloj, observada por Acevedo, son las reformas del sector de microfinanzas y vigilancia reforzada de las cooperativas financieras.

“El Gobierno sigue comprometido a promover el desarrollo sano del microcrédito y de una cultura orientada al pago en general. En este sentido, antes de finales de julio de 2011, el Gobierno garantizará la aprobación de una ley que proporcione un marco reglamentario para las entidades que operan en el sector de microfinanzas, con el objetivo de fortalecer la supervisión, la transparencia y eficiencia en el sector”, precisó Acevedo.

“También será reforzada la vigilancia de las actividades de las cooperativas financieras. Específicamente, la autoridad de supervisión dictará normas para establecer criterios estándares para facilitar la publicación de los estados financieros auditados de cooperativas de ahorro y de crédito”, incluyendo a Caruna, la institución que canaliza los flujos relacionados con el acuerdo de cooperación petrolera Venezuela-Nicaragua.

Para el sociólogo y economista Cirilo Otero, lo que existe en esas letras son planteamientos sugerentes tanto del FMI como de Nicaragua, para enderezar la ruta del comportamiento de la administración pública en el marco macroeconómico y no imposiciones o compromisos.

“Significa que le indican al gobierno que no pueden continuar en el programa con circunstancias económicas, micro o macro, que afecten el desarrollo de la economía. Tenemos que solventar todos los asuntos que mañana pudiera convertirse en trabas, en el mediano o en el largo plazos, o en obstáculos de gran magnitud”, expresó Otero.

“El problema de las negociaciones, en este caso, es que el FMI tiene toda la vida para esperar, y Nicaragua no. Tiene una fecha establecida por aquello de la iliquidez en que quedó después de haberse ido los principales donantes, el gobierno puede perfectamente decir que va a conseguir la aprobación, pero si no convence al FMI, va a estar difícil la situación ante el Fondo”, observó.

Para el analista, lo planteado entre Nicaragua y el organismo financiero, a la fecha, son aspectos a discutir, no son hechos, “lo que principalmente le interesa al FMI es que se están pagando deudas externas y que estén en el Presupuesto General de la República, que no haya inflación más allá de lo calculado anualmente, y tres, que mantengamos el nivel de reservas financieras, y en términos estructurales podemos decir que este gobierno ha sido eficiente en eso.

Las reservas, inclusive, están por encima del nivel que exige el FMI”, acotó.
A su criterio, el Fondo tiene claridad de cómo están las cosas y no tiene preocupación por ello.

“El FMI se entiende con el gobierno y viceversa, no es cierto que se tenga contra la pared al gobierno, porque el gobierno le cumple fielmente al Fondo, a quien tienen contra la pared es a la población, que es la que paga los platos rotos con medidas como las del INSS, que se quieren implementar en contra de los beneficios de los trabajadores, o como con el caso de las tarjetas de crédito, que reciben protección del FMI y del gobierno”, criticó.