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Mientras Roberto Courtney, Director Ejecutivo del organismo Ética y Transparencia, EyT, considera que el papel de complacencia de la Contraloría para con el gobierno en cuanto a las exclusiones de procedimientos llegó a niveles de “complicidad delictiva”, Rodolfo Pérez García, especialista en temas de contrataciones públicas, afirma que ese actuar pudo haber producido enormes pérdidas al erario.

EL NUEVO DIARIO informó ayer que los contralores con períodos vencidos otorgaron permisos para contratar directamente desde febrero de 2007 hasta febrero de este año, 11 mil 757 millones 699 mil 959 córdobas.

Los informes de la Contraloría dejan ver que en los últimos dos años de la Administración del expresidente Arnoldo Alemán (1997-2001) y los cinco años de Enrique Bolaños (2002-2006), la entidad fiscalizadora aprobó un total de 4,645.7 millones de córdobas.

Para Courtney, los colegiados no solo evitan auditar a fondo las denuncias de corrupción con fondos públicos devenidos de esa tolerancia a permitir todas las compras sin licitaciones, sino que, además, impiden que otras instituciones como la Asamblea Nacional, analicen sus labores de fiscalización.

Tal concepto quedó plasmado, a criterio de Courtney, en la actuación de los contralores ante la Comisión de Probidad de la Asamblea Nacional en la semana recién pasada, donde a solicitud de la diputada Miriam Argüello, Presidenta de la citada comisión, se citó a los colegiados con períodos vencidos para que explicasen por qué no actuaban en las denuncias de corrupción abundantemente documentadas por EL NUEVO DIARIO y por otros medios.

En vez de responder, los contralores se prestaron al juego político de la bancada del FSLN en esa sesión, y bajo el argumento de sentirse ofendidos por la declaración de no reconocimiento a sus cargos vencidos por parte de Argüello, se marcharon sin explicar nada de lo que se les pedía.

Es inmoral y antijurídico, dice especialista
La Contraloría fue despojada de la facultad de autorizar exclusiones de procedimiento y licitaciones en octubre del año pasado, cuando luego de meses de debate público y privado, los diputados ante la Asamblea Nacional, aprobaron la “Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público”, Ley 737, que fue promovida por el presidente Ortega, y por medio de la cual se trasladó la facultad de las exclusiones, licitaciones y contrataciones a la Dirección General de Contrataciones del Estado, DGCE, del Ministerio de Hacienda.

Rodolfo Pérez García señaló que, desde el punto de vista moral, el actuar de los colegiados es criticable, ya que son dichos funcionarios quienes estaban supuestos a preservar la transparencia en el manejo de los fondos.

Desde la parte jurídica, según Pérez García, lo único que demuestra es que el gobierno durante los últimos años se ha manejado con la administración de los fondos públicos con una dudosa transparencia, no se ha interesado en dar mayor participación a los empresarios que podrían ayudar al desarrollo económico del país con mejores ofertas para los intereses del Estado.

“La confabulación y complicidad de los contralores ilegales de dar visto bueno a la gran mayoría de las peticiones de exclusión es evidente, sin saber si se llenaron los requisitos de manera clara, es decir, las causales de urgencia y de emergencia que decía la Ley 323”, dijo Pérez García.

Añadió que, en este caso, no se puede perder de vista que la discrecionalidad administrativa se puede dar con base en verdaderas causales, pero habría que ver cuánto de eso se convirtió en arbitrariedad administrativa.

“Esto, lo único que hace pensar es en un modo de actuar sospechoso y un modo de actuar turbio por parte de los que deberían luchar por la transparencia para ejecutar los fondos del Estado”, indicó.

Las afirmaciones del experto se sustentan sin llegar a introducirse a ver si las exclusiones llenaron verdaderamente los requisitos, si las empresas que obtuvieron los contratos eran fantasmas o no, y detalles como si se hicieron las obras tal como se ofrecieron.

“Tampoco se sabe si los expedientes sobre los que se motivaron esas exclusiones cumplían con todos los requisitos, es decir, si comenzás a sumar todo lo que se debe revisar, concluís en que la Contraloría renunció otra vez a hacer su trabajo”, concluyó.