•  |
  •  |

Indignada e incrédula, así reaccionó la familia García Toruño cuando supo de la nueva concesión otorgada por el Ministerio de Energía y Minas, MEM, a Albanisa, sin haber finalizado el proceso administrativo abierto en su contra tras la explotación ilícita de 385 mil metros cúbicos de basalto y piedrín en su finca Monte Carmelo.

A pesar de haber incurrido en falta grave, según el artículo 100 de la Ley 387 sobre Exploración y Explotación de Minas, Albanisa siguió contando con la venia del Ministerio de Energía y Minas.

“Es sorprendente la falta de respeto a la ley que impera en este país. El MEM sigue otorgando concesiones a una empresa que aún no ha resuelto su deuda pendiente con nosotros, premiando el actuar tan deplorable que ha tenido y dejando la manga abierta para nuevos atropellos”, declaró Manuel García, copropietario de la finca.

La nueva concesión fue otorgada de forma sigilosa, y según una fuente ligada al Marena, sin los estudios de Impacto Ambiental, permisos ambientales y programas de mitigación y gestión ambiental requeridos.

Albanisa efectuó la tala de más de 500 árboles en la propiedad de la familia García Toruño, pasando por alto el artículo 60 de la Ley de Minas. El mismo establece que toda actividad de despale debe hacerse bajo las prácticas de conservación de los recursos naturales.

La ley también señala que a la tercera reincidencia de una violación expresa a un reglamento, se podrá retirar la concesión de explotación.

Esto quiere decir que Albanisa deberá caminar con pies de plomo si no desea perder el derecho de explotación sobre las fincas que pertenecen al municipio de Nagarote, en los lotes La Candelaria y El Venado.

Según el abogado constitucionalista Álvaro Leiva Sánchez, esta nueva concesión está fuera de todo marco del derecho y del respeto a la propiedad privada garantizada en el artículo 44 de la Constitución Política.

“Es contraproducente haber otorgado tal concesión, si no queda definido el proceso administrativo bajo los principios de imparcialidad, legalidad y derecho al debido proceso, que actualmente llevan el ciudadano Manuel García Toruño y demás familiares ante el MEM y ante el Mific, en contra la empresa privada Albanisa. El MEM tiene que tomar en cuenta estos precedentes antes de otorgar una nueva concesión”, señaló Leiva.

Embajada EU toma cartas en el asunto
Por su parte, ayer la Embajada de Estados Unidos en Managua envió una carta a las copropietarias Carmen y Emperatriz García Toruño, las cuales son ciudadanas norteamericanas.

La misiva fue enviada la víspera de la reunión que se concertará entre la Embajada de EU y el gobierno, donde se abordará el tema de las violaciones a los derechos de propiedad de las hermanas García.

La familia está a la espera de que la presión ejercida por el país norteamericano, haga recapacitar a las autoridades nicaragüenses, para que tras cinco meses de destrucción indiscriminada de su propiedad, reciban un resarcimiento monetario de 150 mil dólares.

“Nosotros hemos agotado todas las instancias nicaragüenses, pero es obvio que esto es un amarre entre Albanisa, el MEM y el Marena. Tenemos confianza en que las autoridades norteamericanas sí sean escuchadas, y que el gobierno se vea obligado a intervenir ante este desmedido abuso de poder”, aseguró Emperatriz García.