•   MADRID/EFE  |
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Veinte militares salvadoreños han sido procesados en España por el asesinato de seis jesuitas y dos mujeres, el 16 de noviembre de 1989 en El Salvador, bajo las acusaciones de asesinatos terroristas y de lesa humanidad o contra el derecho de gentes.

El juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco, encargado del caso, ha decretado, además, la búsqueda y captura internacional de los 20 procesados y su prisión provisional comunicada y sin fianza.

Velasco ha impuesto también una fianza individual de 3 millones 200 mil euros (unos 4 millones 560 mil dólares) "para asegurar la responsabilidades pecuniarias" que les pudieran ser impuestas.

Los hechos que han dado origen al procesamiento ocurrieron el 16 de noviembre de 1989, cuando fuerzas del Ejército salvadoreño asesinaron al rector de la Universidad Centroamericana (UCA), el español Ignacio Ellacuría, los sacerdotes de la misma nacionalidad Amando López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes e Ignacio Martín Baró, así como al salvadoreño Joaquín López y López.

Junto a los jesuitas fueron asesinadas la cocinera Elba Julia Ramos y su hija Celina, de 16 años.


Dos generales
Entre los procesados figuran los generales Rafael Humberto Larios y Juan Rafael Bustillo, los coroneles René Emilio Ponce, Juan Orlando Zepeda, Inocente Orlando Montano, Francisco Elena Fuentes, Guillermo Alfredo Benavides, Joaquín Arnoldo Cerna, Carlos Mauricio Guzmán y Óscar Alberto León Linares. También ha sido acusado el comandante Carlos Camilo Hernández Barahona.

Asimismo, el juez ha procesado a los tenientes José Ricardo Espinoza Guerra, Gonzalo Guevara Cerritos, Héctor Ulises Cuenca y René Yusshy Mendoza, los sargentos Antonio Ramiro Ávalos Vargas y Tomás Zárate Castillo, los cabos Ángel Pérez Vásquez y Óscar Mariano Amaya y el soldado José Alberto Sierra Ascensio.

El magistrado español enmarca los hechos en la "polarización" que existía en esa época en El Salvador entre la extrema derecha y la guerrilla salvadoreña, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Recuerda, además, que los jesuitas "habían asumido el liderazgo de presionar para que las negociaciones se llevasen a cabo".

 

Benavides ordenó asesinato
El juez explica en el auto de procesamiento que un grupo de oficiales de elite, denominado "La Tandona", adoptó la decisión de asesinar a los jesuitas.

El encargado de ejecutarla fue Benavides, quien dio la "orden directa" al Batallón Atlacatl, a cuyos miembros se solicitó que "simularan una confrontación militar entre ellos y los sacerdotes", una vez que estuviesen muertos, para dar la impresión de que habían sido asesinados por el FMLN.

El juez describe que cuando los militares llegaron a la UCA, los jesuitas salieron "alertados por el ruido" y se tiraron al suelo por orden de Ávalos, que en su "confesión" recordó que "no parecían peligrosos", eran bastante mayores e iban "desarmados", por lo que "tuvo que recordarse a sí mismo que eran 'delincuentes terroristas' y que sus “cerebros era lo que importaba'".

 

Saña inaudita
Al mismo tiempo que Ávalos y otro militar ya fallecido dispararon a la cabeza a los sacerdotes, el sargento Zárate disparó a la cocinera y a su hija, "que se agarraban la una a la otra", pero cuando Ávalos descubrió que "aún seguían vivas en el suelo abrazadas", ordenó a Sierra Ascensio que se asegurase de su muerte.

El juez Velasco recuerda que en 1991 se celebró un proceso judicial en El Salvador contra varios militares, que califica de "defectuoso", ya que acabó "con dos condenas forzadas para Benavides y Mendoza, que quedaron en libertad en 1992 tras la aprobación de una Ley de Amnistía, y la absolución de incluso asesinos confesos".

"Tan increíble fue la sentencia absolutoria de los verdaderos asesinos, todos ellos miembros de la unidad de elite del Batallón Atlacatl, que el gobierno de España y los observadores norteamericanos presentaron cargos por manipulación del jurado", subraya en el auto.

El magistrado admitió en enero de 2009 la querella presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (Apdhe), respaldada por el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA), para investigar a 14 militares por su presunta implicación en el asesinato de los jesuitas.

Las dos organizaciones se querellaron también contra el expresidente de El Salvador, Alfredo Cristiani, si bien Velasco acordó no investigar a este último.