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La falta de capacitación masiva de parte de la Dirección General de Contrataciones del Estado, DGCE, a todas las entidades estatales sobre la nueva Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público, Ley 737, ha provocado que muchos funcionarios públicos estén reteniendo contratos o no se atrevan a firmarlos, provocando una subejecución presupuestaria en el primer trimestre de aplicación de esa norma.

Así lo informó el consultor y experto en contrataciones públicas Rodolfo Pérez García, quien dio una “campanada de alerta” sobre las situaciones que se han estado presentando desde que la Ley 737 entró en vigor en febrero pasado.

“La información que tengo de diversos entes públicos, es que hay muchos contratos retenidos, mucho presupuesto no aprobado, por el miedo que tienen estos funcionarios de alto nivel en manejar una contratación sin saber si quiera cómo se debe hacer”, dijo Pérez García.

La nueva ley entró en vigor el 9 de febrero de este año, y desde entonces los asuntos relacionados con licitaciones y con las compras directas, pasó a ser responsabilidad de la DGCE, adscrita al Ministerio de Hacienda, dejando atrás un triste historial de la Contraloría, que aprobó la contratación sin licitación de casi 12 mil millones de córdobas al gobierno de Daniel Ortega, de acuerdo con el seguimiento anual que END le dio al asunto.

“No tengo idea de cuántos contratos han venido (de la DGCE) desde que nos quitaron la facultad de las exclusiones a nosotros, pero vamos a preguntar a la Dirección Jurídica”, prometió el titular de la Contraloría y colegiado con período vencido, Guillermo Argüello Poessy, al consultarle del asunto. Extraoficialmente se conoce que han llegado muy pocos contratos a la CGR.

DGCE sin capacidad
El experto Pérez García dijo que las fuentes que tiene en diversas entidades públicas, le han confirmado que la capacitación sobre esa nueva norma no ha sido de manera masiva y que eso complica el proceso de compras y ejecución del presupuesto.

“No ha habido capacitación por una sencilla razón, y es que la DGCE, lamentablemente no tiene los recursos, económicos, materiales y humanos para desarrollar una estrategia de capacitación y comunicación a todas las entidades del Estado que están afectas a la Ley 737”, dijo Pérez García.

Explicó que esto implica que si hay una falta de conocimiento, existe un bloqueo a todo el sistema de contrataciones a nivel nacional debido a que hay mucho temor en los funcionarios públicos en aplicar una norma que ni siquiera conocen los altos funcionarios ni las Unidades de Adquisiciones la manejan a cabalidad.

“Si lo que digo no es así, pues que la DGCE demuestre con cifras la cantidad de capacitaciones que ha realizado”, retó.

A la vez, recordó que cuando se aprobó la Ley 737 se adquirió un compromiso de parte del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, de desembolsar más de 40 millones de dólares más 10 millones adicionales que serían para transformar la administración pública, y para las capacitaciones sobre la nueva Ley de Contrataciones. “Hasta el momento, nadie sabe qué ha pasado con eso”, indicó.

Miedo a sanciones
Pérez García dijo que un elemento que no se puede perder de vista es que al no existir más exclusiones de procedimientos, sino solo contrataciones simplificadas, cuyo razonamiento sí está absolutamente definido por la ley, existe miedo entre quienes sí manejan de manera regular la norma, porque cualquier anomalía recaería directamente sobre ellos, pues ya no cuentan con el escudo que les daba antes la Contraloría.

“Ahora cualquier contratación simplificada solo puede ser aprobada por el titular de la entidad, eso quiere decir que se asume de manera directa del ministro o el director del ente para que se lleve a cabo esa operación”.

“Antes, los funcionarios se lavaban las manos pidiéndole a la Contraloría autorización, y estos en nombre de que se hicieran las obras decían que sí a todo, y sin problemas porque gozan de inmunidad, pero ahora el que falle es a él a quien le cae la responsabilidad, lo cual de ser la razón, sería positivo desde el punto de vista de la transparencia, pero queda en duda porque no hay información certera sobre eso”.

EL NUEVO DIARIO intentó comunicarse con la Dirección General de Contrataciones del Estado, pero no logró que ningún funcionario de alto rango brindara información sobre el asunto.