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A 13 años de la aprobación del Código de la Niñez y Adolescencia (Ley 287), la vieja polémica de las sanciones contra los jóvenes infractores de la legislación vuelve a removerse, con la muerte de un joven universitario a manos de un adolescente, y en medio de las celebraciones del Día Internacional de la Niñez.

Organizaciones de derechos humanos se solidarizaron con la familia doliente y dieron la razón a la comunidad de pedir justicia, sin embargo, unánimemente alegaron que una reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia  no es viable, pues significaría un retroceso y una violación a los convenios internacionales asumidos por el Estado de Nicaragua.

Norma Moreno, Procuradora Especial para la Niñez y la Adolescencia, destacó que la población debe tener claro que los jóvenes infractores de la ley no son una mayoría, dado que no han pasado del 11%, y de estos, sólo el 4% está en el Sistema Penitenciario por delitos graves, como el homicidio, violación o robo con violencia.

Asimismo, dijo que en los anuarios estadísticos se confirma que el grueso de la actividad delictiva está en los adultos.

Señaló que el problema nuevamente pone en vigencia la polémica del Libro III del Código de la Niñez, sobre el Sistema de Justicia Penal Especializada, aunque se debe recordar que para la aprobación de este Código pasaron alrededor de siete años, y en el proceso hubo una amplia consulta y discusión con la población y organizaciones especializadas.

Sobre esto, Gonzalo Carrión, Director del Área Jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, señaló que los ojos no pueden posarse sólo en los adolescentes infractores, sino que hay una corresponsabilidad del Estado, dado que no todo el Código se está cumpliendo, hay serias deficiencias en la educación, en salud, en oportunidades laborales y en la misma seguridad para la
niñez.

El representante del Cenidh alegó que si de delincuencia hablamos, son los adultos los que más incurren en esto, y que la niñez y adolescencia son las principales víctimas de la violencia intrafamiliar y sexual.

María Jesús Gómez, Secretaria Ejecutiva de la Codeni, también rechazó la petición de la comunidad universitaria de solicitar una posible reforma, y enfatizó en la necesidad de la creación de mejores oportunidades para la población y en especial para la niñez.

“Hay avances, entre estos los juzgados para adolescentes, pero no todo el Código está siendo aplicado como debería, además, que los programas sociales de apoyo necesitan de mayor presupuesto, igual que la educación”, expresó Gómez.

Indicó que un mayor castigo no es la solución, y que un cambio solo se logra con más educación, con más calidad en la misma y con la creación de más empleo.