•   Managua  |
  •  |
  •  |
  • elnuevodiario.com.ni

El dolor de la muerte de un ser querido a manos de la delincuencia es compartido por el ex procurador de la niñez Carlos Emilio López, uno de los artífices del Código de la Niñez y Adolescencia, quien se solidarizó con la familia del joven universitario Evans Omar Ponce, pero una reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia no sería justicia, sino venganza social.

El licenciado en las carreras en Derecho, Filosofía y Sociología, ex procurador especial para la niñez en Nicaragua y asesor en derechos humanos del presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas, hizo referencia al asesinato de su hermana Cinthya Scarlata López Blanco, de 18 años, quien fue asesinada el 27 de diciembre del 2001, expresando que comprende totalmente por lo que los familiares de Ponce están pasando en estos momentos, en medio de sentimientos de dolor, la impotencia y la necesidad de que se haga justicia.

Sin embargo alegó que considera improbable una reforma, porque incluso eso representaría una reforma a la misma Constitución en que se basa la ley 287 y sería contradictorio con los avances en derechos humanos y los compromisos internacionales, entre estos la Convención sobre los Derechos del Niño, que es el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante que incorpora toda la gama de derechos humanos: civiles, culturales, económicos, políticos y sociales.

“El Código de la Niñez no es más que una prolongación de la Constitución de la República y para reformarlo también tenés que reformar la constitución. Según el artículo 35, los menores o adolescentes deben ser juzgados distintos al de los adultos. También en la Constitución se reconoce la plena vigencia convención de los derechos del niño, que en su artículo 40 dice que los menores de 18 años deben ser juzgados de forma distinta. Si se hace reformara se violenta lo que dice la constitución y la convención. La pena máxima son seis años y más que eso es venganza social.”, alega López.

Explicó que la ley se basa en razones especializadas que abordan determinadas etapas del desarrollo humano, ya que la adolescencia es período básico y transitorio, estando en un proceso de formación de sus personalidades. Por lo tanto aplicar sanciones mayores a la especificada en la ley actual sería cercenar cualquier oportunidad de reinserción social, dado que por cada año para un adulto, representa cinco para un adolescente. Por estas argumentaciones psicosociales es que las sanciones de los adolescente deben estar de a cuerdo a su edad.

“El código no establece impunidad, dado que hay medidas para los adolescentes que infringen la ley. Por eso hay juzgados penales para adolescentes, hay fiscales especializados, al igual que dos magistrados – doctores Armengol Cuadra y José Antonio Alemán-, además de 120 adolescentes privados de libertad adolescentes, de los cuales un mínimo ha cometido delitos graves”.

Últimos Comentarios
blog comments powered by Disqus