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Las posiciones parecen volverse irreconciliables entre los defensores del Código de la Niñez y la Adolescencia y los universitarios, que por segundo día salieron en manifestación exigiendo justicia por el asesinato de Evans Omar Orozco, enviando un claro mensaje a las autoridades: o hay reforma o seguirán en las calles protestando.

“Vamos quemando etapas”, expuso James Chamorro, Presidente de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, UNEN, ayer, cuando en la Avenida Universitaria delegaciones de la Universidad Nacional Agraria, Universidad Nacional de Ingeniería, Universidad Politécnica de Nicaragua, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Recinto Universitario Pedro Aráuz Palacios y del Recinto Universitario “Carlos Fonseca Amador”, se concentraron para demandar justicia.

Además de insistir en el castigo de los autores del crimen contra Orozco, plantean se abra un debate que concluya con la reforma a los artículos 202 y 206 del Código de la Niñez y la Adolescencia, de modo que a futuro el castigo para quienes cometan ese tipo de actos sea severo.

El presidente de UNEN nacional, además, criticó la posición de la procuradora especial de la Niñez y la Adolescencia, Norma Moreno, quien dijo que el porcentaje de delitos cometidos por menores era mínimo, y le recordó el enorme subregistro de víctimas, “que por miedo no ponen denuncia”. Llamó a que la Ley deje de ser un instrumento de amparo para los delincuentes, y dijo confiar en que los diputados les apoyen y analicen su demanda. La esencia de su demanda es que la pena máxima se amplíe a 15 años de prisión a adolescentes homicidas.

Reforma no seria justicia, sino venganza social
Carlos Emilio López, uno de los artífices del Código referido, exprocurador especial para la niñez en Nicaragua, haciendo referencia al caso de su hermana Cinthya Scarlata López Blanco, de 18 años, asesinada el 27 de diciembre del 2001, dijo que comprende totalmente por lo que los familiares de Orozco están pasando en estos momentos.

Sin embargo, alegó que considera improbable una reforma, porque incluso eso representaría una reforma a la misma Constitución, en que se basa la Ley 287, y sería contradictorio con los avances en derechos humanos y con los compromisos internacionales, entre estos la Convención sobre los Derechos del Niño, que es el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante que incorpora toda la gama de derechos humanos: civiles, culturales, económicos, políticos y sociales.
“El Código de la Niñez no es más que una prolongación de la Constitución de la República, y para reformarlo también tenés que reformar la Constitución. Según el artículo 35, los menores o adolescentes deben ser juzgados de forma distinta a la de los adultos. También en la Constitución se reconoce la plena vigencia de la Convención de los Derechos del Niño, que en su artículo 40 dice que los menores de 18 años deben ser juzgados de forma distinta. Si se hace la reforma se violenta lo que dicen la Constitución y la Convención. La pena máxima son seis años, y más que eso es venganza social.”, alega López.

Explicó que la ley no es antojadiza y está bien fundamentada, se basa en razones especializadas que abordan las etapas del desarrollo humano, ya que la adolescencia es período básico y transitorio, estando en un proceso de formación de sus personalidades. Por lo tanto, aplicar sanciones mayores a la especificada en la ley actual sería cercenar cualquier oportunidad de reinserción social, dado que por cada año para un adulto, para un adolescente representa cinco. Por estas argumentaciones psicosociales es que las sanciones de los adolescente deben estar de a cuerdo con su edad.

“El Código no establece impunidad, dado que hay medidas para los adolescentes que infringen la ley. Por eso hay juzgados penales para adolescentes, hay fiscales especializados, al igual que dos magistrados, además de 120 adolescentes privados de libertad, de los cuales un mínimo ha cometido delitos graves”, dijo López.

Aldrin Guevara, Presidente del Comité Electoral de Recinto del Rupap, declaró por su parte, que aunque el asistir a estos plantones les implique la pérdida de horas clase, no los dejarán.

Ayer en los juzgados capitalinos se realizó bajo un fuerte resguardo policial el análisis biopsicosocial a los tres de los seis acusados que faltaban, sin embargo, ayer los universitarios decidieron no hacer presencia.

El licenciado Pablo Cuevas, asesor jurídico de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, indicó que el problema no se resolverá con aumentar penas, dado que el problema es social y se necesitan políticas más efectivas.

Señaló que en todos los países donde las penas han sido incrementadas contra los adolescentes infractores, los efectos más bien han sido negativos.

Por su parte, la doctora María Lourdes Bolaños, exfiscal adjunta del Ministerio Público, y actualmente presidenta de la Asociación de Apoyo para la Nueva Familia, dijo que en el caso hipotético de que se efectuara una reforma al Código de la Niñez, los adolescentes que mataron al universitario serían juzgados de acuerdo con el Código Penal actual.

“Soy de la opinión que el Código tiene problemas ya que es mixto, entre lo inquisitivo y lo acusatorio, algo que debe regularse, pero de eso a reformarlo con sus penas no es una opción”, comentó la doctora Bolaños, agregando que un gran problema es que la reinserción social no se está aplicando, y actualmente en las cárceles los adolescentes lo que sacan es un posgrado en delincuencia.

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