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María Machicado, Oficial a Cargo del Fondo de las Naciones Unidas para la infancia, Unicef Nicaragua, recalcó que una reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia para incrementar las penas a los jóvenes infractores de la ley, sería un retroceso en materia de derechos humanos.

“Definitivamente esto se vería como un retroceso en materia de derechos humanos, porque el Código en estos momentos es un ejemplo para la región, está muy bien considerado y reconocido. La preocupación es mejorar su implementación”, señaló la representante de Unicef.

Indicó que Nicaragua está en todo su derecho de determinar el tipo de justicia que desea aplicar, sin embargo, para el Comité de los Derechos del Niño, Nicaragua, como Estado parte, tendría que rendir cuentas, y quedaría plasmado en el informe anual de estas instancias internacionales donde se presentan los avances y los retrocesos de los países miembros.

“La sociedad nicaragüense tiene que debatir qué tipo de justicia quiere, si será punitiva o una justicia progresiva y de reinserción social. Tiene que abrirse ese debate, pero también las razones estructurales de estos hechos”, alegó.

Por su parte, Roberto Orozco, investigador del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Pública, Ieepp, comentó que la muerte del estudiante fue la gota que derramó el vaso, y es un llamado de alerta de la población.

Cansancio de población
“Lo que estamos viendo son reacciones normales de un cansancio por la inseguridad. Sucede porque la población no se siente protegida por el Estado, e independientemente del discurso institucional de que los delitos disminuyeron. Eso es un resultado positivo, pero en materia de seguridad ciudadana sería que la población se sintiera segura en su barrio, en su colegio o en la parada de buses”, dijo Orozco.

“Así no se reducen delitos”
Destacó que a pesar de la petición de los estudiantes, se ha demostrado hasta la saciedad que el endurecimiento de las penas y la falta de un sistema penal efectivo, no reducen los niveles delictivos.

“Si a estos muchachos los condenás a 30 años, otros vendrán a hacer lo mismo. Están metidos en el circuito de la delincuencia promovido por una serie de factores y vulnerabilidades sociales que no son atendidos: excluidos del sistema escolar, atraídos por el consumismo. Mientras el patrullaje policial no es suficiente”, comentó.

“Que el Código de la Niñez es licencia para delinquir es falso. Si leés con detenimiento, se establecen sanciones penales por delitos graves. Tenemos un Código, tenemos una ley buena como muchas en el país, pero no se implementan y son papel mojado, porque el Estado no se ha preocupado de crear la infraestructura necesaria para su debida aplicación”, asegura Orozco.

Agregó que un problema grave es que la delincuencia es cada vez más joven, con más adolescentes, y las estadísticas mismas de la Policía Nacional señalan que se comienza a delinquir desde los 14 años, y en la medida en que avanza la participación de los que delinquen en delitos más graves, se observan cada vez más jóvenes.

De cada 100 personas que delinquen en el país, que han sido capturados y procesados e integrados en el sistema penal, 80 delinquen por primera vez. El resto son reincidentes connotados. De estos 80, el 40% son adolescentes entre los 14 y los 20 años, fundamentalmente hombres, en una proporción de 90%, y el resto son mujeres.

“Ahora, más que nunca, el Estado debería volcarse a atender a este gran segmento poblacional que no está estudiando, que está en las calles, recordando que la vagancia lleva a malas compañías y al consumo de drogas”, dijo el especialista del Ieepp.

Machicado determinó que el Comité de los Derechos del Niño ha valorado mucho el sistema de justicia penal especializada en Nicaragua, la cantidad de jueces especializados y los juzgados para adolescentes. Todo eso es un valor que tiene este país, y todo esto corre muchísimo riesgo en este momento si nos centramos solo en un caso, que no es el único, pero sí emblemático, y más bien requiere de medidas integrales para dar una respuesta real.

“Primero tenemos que pensar que este tipo de discusiones no puede hacerse al calor de un evento coyuntural, porque hay mucha sensibilidad personal, y se debe tener mucho cuidado de aislar esta discusión en este momento. También hay que despolitizarlo, dado un ambiente donde hay mucha polarización y se pueden utilizar banderas. Nuestra recomendación es que se haga con cuidado y que lo saquemos de un margen político”, expresó Machicado.

La representante de Unicef señaló que la actual discusión requiere ser planteada como una oportunidad para revisar cómo se está aplicando el Código; si se están implementando las medidas educativas necesarias y de acompañamiento; después hay que analizar si algo tiene que cambiarse. A partir de ahí se verá qué ajustes pueden aplicarse. “Hay un dicho que versa que si el saco no está roto, “¿para qué lo quieres arreglar?”.

Mientras tanto, Telémaco Talavera, Presidente del Consejo Nacional de Universidades, CNU, dijo que la demanda estudiantil que plantea revisión y posterior reforma de los artículos referidos a la pena para adolescentes homicidas, goza de su total respaldo.

Afirmó que este es un tema que ha sido emprendido por el Movimiento Estudiantil, pero que como autoridades no se mantendrán al margen, pues saben el nivel del peligro al que diariamente se exponen miles de jóvenes al salir de los recintos universitarios. Aseguró que acompañarán las gestiones ante las autoridades correspondientes, de modo que se analice a fondo el tema.

Hizo un llamado a redoblar esfuerzos, y hasta mencionó como necesaria la participación de todos los actores sociales y del Estado. “Hay que fortalecer la seguridad no solo en las universidades… esa vida de Evans que se perdió y de quienes han salido heridos a manos de la delincuencia, debe servir para que retomemos con mayor firmeza el tema de la seguridad, que incluye la revisión del marco jurídico”, enfatizó el presidente del CNU, dejando claro que los universitarios cuentan con respaldo de sus autoridades “para lo que haya que hacer”.