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La tarde de este sábado la fiscal Mariela Vásquez Rocha, del Ministerio Público, acusó por obstrucción de justicia en la audiencia preliminar que se llevó a cabo en los juzgados de audiencia de la ciudad de Diriamba, a ocho personas familiares de la banda  conocida como “Los Guachinangos”.

La acusación señala que  los implicados cayeron en el delito de obstrucción de funciones en concurso real con el delito de hurto en el acopio de Casares, donde según el expediente de las víctimas en nombre de la institución policial son el subcomisionado Rodolfo Celestino Vásquez Romero y el comisionado mayor Buenaventura Miranda Fitoria.

Los imputados  son los ciudadanos Álvaro José Parrales Gago, de 29 años, Neli María Medal, de 18 años, Flor de Lee Artola Alemán, 19 años, Julissa Magali Rugama, de 21 años, Leticia Corea Mendoza, 22 años, Héctor Porfirio Aguilar Baltodano, 25 años, Rosa Argentina Artola Alemán, 24 años, Ana María Almanza, 54 años, María Mendoza y Azucena Mendieta, estas dos últimas sin detener son procesados por obstruir el trabajo de la Policía al momento que defendían los bienes de sus familias.

“Es injusto, la Policía en este caso en particular ha apresado e investigado con saña, con medidas desproporcionadas, ultrajando y llevándose todas las pertenencias de mis defendidos pasando por encima de niños, niñas, jóvenes, ancianos, sin justificar. ¿Por qué tanto odio ante las personas que todavía ante de la decisión de juez son inocentes?”, preguntó el doctor Hermes Sevilla, abogado defensor de la supuesta banda de “Los Guachinangos”.

Mantienen prisión
Por su parte, la doctora María Chavarría Fernández, en la audiencia preliminar, escuchó ambas defensas y analizó las pruebas documentales, periciales y testimoniales y dictó la misma medida cautelar de presión preventiva, y programó la audiencia inicial para el 14 de junio del año en curso en horas de la mañana.

Los vecinos y allegados de la familia de la supuesta banda de “Los Guachinangos” dijeron que “esperamos que el presidente de la República tome carta en este caso porque el hecho que toda la familia esté detenida no significa que son culpables de los hechos que se les acusa, piedad ante nuestras familia”, pidió Karina Mendieta.

Finalmente las autoridades policiales no expresaron la forma en que la Corte Suprema de Justicia, la UNA, la Procuraduría y el Ejército ocuparían o emplearán  los bienes requisados por la policía, sin antes haber sentencia firme.

Presidenta de CSJ  justifica repartición
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, explicó que los bienes fueron dados en calidad de depósitos a las instituciones, para evitar daños en los mismos.

“Lo que pasa es que se dan en depósitos para que no se deterioren los bienes, porque están tirados en un patio, hay unos caballos ocupados, que son pura sangre, de raza, que necesitan mucho cuido, hay ganado, que igual se puede morir y necesitan cuidados y esos animales valen un montón de plata”, dijo Ramos.

“Las lanchas y medios los necesita el Ejército para la persecución del narcotráfico, pero igual, se le dan en custodia para mantenimiento, en depósito, para mientras se decide en sentencia, en juicio, si se asignan definitivamente los bienes”, explicó.