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El miedo se expandió desde Guatemala: 27 cuerpos decapitados el 14 de mayo en una finca en Petén y el posterior descuartizamiento de un fiscal auxiliar en Alta Verapaz, hicieron reaccionar a los demás países de Centroamérica, que ahora buscan unirse para declararle la guerra al poderoso y cada vez más desalmado crimen organizado que opera en la región.

El pasado 22 de mayo en Managua los mandatarios Porfirio Lobo (Honduras), Mauricio Funes (El Salvador), Daniel Ortega (Nicaragua) y Álvaro Colom, tras la matanza en Petén, ejecutada por la organización criminal Los Zetas, acordaron una cita para aunar esfuerzos y fortalecer la seguridad regional tras el embate del crimen organizado.

La Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad en Centroamérica, a realizarse en Ciudad Guatemala, del 22 al 24 de junio, servirá para que las autoridades de cada nación presenten planes de lucha articulados y buscar cooperación internacional contra las mafias, que puedan ser articulados en la región.

Estábamos advertidos

Antes de que los cuerpos quedaran sin cabezas y que los miembros del fiscal auxiliar fueran dispersados a punta de hacha, dos voces conocedoras del tema ya habían advertido a EL NUEVO DIARIO el horror que se miraba venir desde el Norte.

El pasado 22 de diciembre de 2010 el coordinador del Centro de Estudios de Guatemala, Sandino Asturias, advirtió a END que “la decisión del gobierno del presidente de Guatemala, Álvaro Colom, de sitiar el departamento de Alta Verapaz y combatir militarmente las estructuras narcotraficantes radicadas desde hace décadas en las zonas fronterizas con México, podría iniciar un baño de sangre similar al que sufre el país azteca, si las acciones de fuerza no se acompañan con otras políticas públicas”.

Y el pasado 9 de mayo del corriente, el exvicepresidente de Guatemala, Eduardo Stein Barillas, coordinador de la Red Centroamericana de Centros de Pensamiento e Incidencia, dijo a este medio que Centroamérica había dejado de ser un corredor y bodega del narcotráfico, para convertirse en territorio de operaciones del crimen organizado, al apretar México por el Norte y Colombia por el Sur, a los cárteles productores y vendedores de drogas.

“Lo cierto es que Centroamérica está ya como una gran estación de servicio para la ilegalidad, ese es un primer hallazgo importante; el crimen organizado presenta desafíos en materia de narcotráfico, porque están usando la región para gerenciar otros tipos de ilegalidad, de donde obtienen ganancias ilegítimas pero importantes: redes de contrabando de armas, de vehículos robados, de bienes culturales, de mercaderías piratas, tráfico de inmigrantes, trata de personas”, precisó entonces a END Stein Barillas.

Somos “estación de servicio”
Francisco Bautista Lara, consultor de temas de Seguridad para agencias de las Naciones Unidas y exsubdirector de la Policía Nacional, está de acuerdo con la alusión de que la región puede catalogarse como “estación de servicio” al narcotráfico de acuerdo con la visión de Stein Barillas.

“Creo que en general la afirmación del exvicepresidente de Guatemala Stein es pertinente. Hay algo que no podemos obviar, lo que se produce en el Sur, para ir al Norte, tiene que pasar por el Centro. Nuestra Región y el Caribe son el centro, la zona necesaria por donde tiene que circular, por razones geográficas, por tierra, mar o aire, la droga ilícita, las personas ilegales, las armas y otros bienes ilícitos que requiere el crimen organizado para operar y beneficiarse”, dijo el comisionado general en retiro.

Según Bautista Lara, los productos y personas viajan de Sur a Norte y de Norte a Sur en dependencia de sus características. Así funciona el mercado: El centro, ruta necesaria, se utiliza para varios fines: apoyo logístico y suministros; descanso; tránsito y almacenamiento.  

“La distancia a recorrer de Sur a Norte requiere estaciones de reabastecimiento intermedias, por eso se habilitan rutas y en esas rutas se recluta apoyo político, social e institucional, se contamina a funcionarios y se busca vulnerar los sistemas estatales”, advirtió el experto, quien hizo la salvedad de que los territorios nacionales del istmo no son utilizados por igual.

“Hay unos que son más vulnerables que otros en dependencia de su extensión territorial; ese es un riesgo en Nicaragua que es el país más grande de CA; dos fronteras, dos costas amplias”, señaló, para advertir las condiciones fundamentales de la presencia del crimen organizado: débil presencia institucional, corrupción pública, poca profesionalización institucional, necesidades sociales insatisfechas, poca capacidad económica y deficiente infraestructura.  

La bonanza del dinero sucio
El exjefe policial alertó sobre el efecto del dinero sucio del narco en las economías locales.

“Los remanentes de drogas, armas y activos ilegales (dinero) están aumentando en la región, esos remanentes que sirven para pagar los ‘servicios’ aumentan, la economía crece, aunque desigual, y parte de los beneficios ilegales del crimen organizado se incorporan en las economías centroamericanas”, acotó.

“Los límites entre los flujos lícitos e ilícitos del dinero se confunden, hay una economía subterránea significativa por la que fluye una diversidad de actividades ilegales organizadas en donde el narcotráfico suministra más del 50% de esos flujos, además de los efectos dramáticos en la violencia y la corrupción”, precisó.

Las acciones violentas del crimen organizado y los esfuerzos por combatirlos también implican una fuerte cantidad de recursos económicos para los gobiernos de la región.

Fondos contra la mafia
El Banco Mundial reconoció el pasado 26 de mayo en Panamá, que las acciones del crimen organizado y el narcotráfico afecta la economía de Centroamérica, por lo cual   se ofreció a apoyar políticas o programas en materia de seguridad dirigida a combatir esos flagelos.

La directora gerente del Banco Mundial, Sri Mulyani Indrawati, dijo que el 8 % del Producto Interno Bruto en América Central se ve afectado por causa del crimen organizado y el tráfico de drogas.

La alta funcionaria del BM indicó que la violencia en la región es un asunto “muy importante” que trasciende fronteras y ha pasado a convertirse en una “problemática regional”, a tal extremo que el Banco Mundial, que enfoca sus recursos principalmente a aspectos macroeconómicos, ofreció proporcionar asistencia a nivel regional, “hacia cualquier programa enfocado al mejoramiento de esta situación en materia de seguridad”.

Centroamérica celebrará en julio próximo en Guatemala una conferencia internacional en la que buscará apoyo para financiar un plan de seguridad regional que requiere de al menos 900 millones de dólares.


La región más violenta del mundo

El Informe sobre Desarrollo Humano para América Central 2009-2010, “Abrir espacio a la seguridad ciudadana y el desarrollo humano”, elaborado por Naciones Unidas, reveló que ésta es la región más violenta del mundo, con 79.000 personas asesinadas entre 2003 y 2008 por la violencia criminal.

Se estima que más de 90 por ciento de la droga producida en América del Sur se trasiega a Estados Unidos a través de América Central y México.
Según las estimaciones de Bautista Lara, más de 18 mil centroamericanos murieron en el año 2010 producto de la delincuencia común y organizada. Ante el accionar, El Salvador ordenó el Servicio Militar Obligatorio para evitar que los jóvenes integren las maras y bandas de mafias.

“Más que un acuerdo de seguridad regional, Centroamérica requiere un nuevo pacto social, un nuevo acuerdo de paz, porque ahora se enfrenta un conflicto armado de nuevo tipo, no convencional, irregular y difuso que genera tantas o más muertes que las registradas durante los años del conflicto bélico”, observó el experto

 

Confianza, primera arma contra el hampa

Roberto Orozco, investigador de temas de seguridad del no gubernamental Instituto de Estudios Estratégicos de Políticas Públicas, dijo que el narcotráfico es para América Central un “enemigo común” al que solo podrá enfrentarse con unidad de esfuerzos.

Para ello, la región debe superar las viejas desconfianzas ideológicas heredadas de la llamada Guerra Fría, que tuvo uno de sus epicentros en América Central en la década de los 80, e incluso trascender los acuerdos comerciales que signaron la relación de sus países en los años 90, una vez consolidada la pacificación del istmo.

Todo con un fin, a su juicio, prioritario ante la amenaza de los narcos: implementar un tratado único que fortaleza a la región en materia de seguridad ciudadana.
Bajo esa premisa, su instituto propone la creación e instrumentación de un “Tratado Único Centroamericano para la Prevención, Control, Combate y Erradicación del Crimen Organizado”, que reúna entre otros instrumentos regionales, un acuerdo de cooperación para combatir el terrorismo, la narcoactividad y actividades conexas.

“Sin un instrumento jurídico de consenso, que establezca claramente los alcances de la región en la lucha contra el crimen organizado, los esfuerzos individuales de cada país no servirán de nada para frenar a un crimen organizado que amenaza a una región desorganizada”, planteó Orozco.

 

Impuestos contra el crimen organizado

Ante el problema, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Honduras, en el marco del tratado CA-4, y a propósito de la resolución de re-integrar a Honduras al SICA y OEA, acordaron revisar a solicitud del presidente de Guatemala, Álvaro Colom, un acuerdo de seguridad regional.

El  SICA promueve una reunión a realizarse en Guatemala (junio  22-24 junio 2011), que busca movilizar a la cooperación internacional en apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica.


Desde antes de la gran cita, los países que conforman el Sistema de Integración Centroamericana (Sica) ya analizan la creación de impuestos especiales que serían destinados para el combate contra el crimen organizado y la delincuencia social.

Según el periódico Siglo XXI, de Guatemala, el 26 de mayo pasado, representantes de los países que conforman el Sistema de Integración Centroamericana analizan la creación de impuestos especiales que serían destinados para el combate contra el crimen organizado y la delincuencia social, como una estrategia multisectorial a presentar en la gran cita del 22 de junio en Ciudad Guatemala.


“El ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador, Hugo Martínez, planteó, frente al resto de delegaciones del Sica, que en su país implementaron un impuesto temporal, cuyo destino será la lucha contra la criminalidad. Con base en ello, discutieron que el resto de países debe tomar medidas similares a fin de destinar recursos específicos para este flagelo”, precisó la nota de prensa.


“Estamos hablando de una política fiscal que apoye el tema de seguridad, de acuerdo a las características de cada país”, agregó al debate Haroldo Rodas, ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, mientras que José Luis Araya, de Costa Rica, también expuso que en su país promueven una Reforma Tributaria que busca aumentar la carga fiscal en 2.5% con relación al Producto Interno Bruto, y que discuten en el Parlamento costarricense para que se destinen fondos a distintos programas de prevención de la violencia.

El viceministro de Hacienda de Honduras, Carlos Roca, informó a los medios que, a nivel regional, en Centroamérica se invierten más de cuatro mil millones de dólares en seguridad y sólo reciben 2.5% de ayuda internacional, que corresponde a aproximadamente 100 millones de dólares que Estados Unidos, de manera insuficiente, aporta al Plan Mérida, por lo cual esperaban el apoyo de países donantes.