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Dos altos funcionarios de las principales instituciones que imparten y velan por la justicia nicaragüense, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, Alba Luz Ramos, y el Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez, opinaron a favor de una revisión a la aplicación de penas establecidas en el Código de la Niñez y la Adolescencia.

“Desde el punto de vista jurídico, como abogado, le doy mi respaldo total a la demanda de los muchachos”, dijo Centeno, en relación con las protestas de estudiantes universitarios que exigen justicia por la muerte del estudiante de arquitectura Evans Omar Orozco Ponce, asesinado a puñaladas el pasado 13 de mayo, por adolescentes que pretendieron robarle un teléfono móvil en las cercanías de la Universidad Centroamericana, UCA.

La comunidad universitaria ha salido a la calle a pedir que se condene a los agresores juveniles, y exige que se reformen los artículos 202 y 203 del Código de la Niñez y la Adolescencia, modificando la pena máxima de seis años a 15 años de cárcel.
 
“No tener miedo”
“Yo siempre he manifestado que debe hacerse una reforma en el sentido de que debe bajarse el techo de la responsabilidad y subir el techo de las penas, eso es todo, el resto de los libros del Código están bien, porque tratan sobre remedios sociales, que eso lo tienen que ver otras instituciones del Estado que deben preocuparse”, expresó Centeno Gómez.

“Nosotros como Ministerio Público vemos la realidad objetiva de la delincuencia juvenil a diario, de la confrontación diaria de la conducta ilícita y sus efectos contra la seguridad ciudadana”, justificó el fiscal.

“Creo que hay que mejorarlo, en América Latina y otros países del mundo lo han hecho, han mejorado las leyes en beneficio de la sociedad, y nosotros no debemos tener miedo de hacerlo, porque hay una actividad muy grande en esta situación, donde incluso los tentáculos del crimen organizado se están valiendo de la debilidad de los códigos de justicia de adolescentes para crear su logística y armar bandas, sicarios, a partir de esos vacíos jurídicos en las leyes, y por eso se ve cómo las maras se integran cada vez más de muchachos jóvenes que se escudan en los códigos”, observó el titular del Ministerio Público.

Impera visión del castigo
Por su parte, la presidenta de la CSJ, Alba Luz Ramos, igualmente, opinó a favor de una revisión al citado Código, pero reivindicó la aplicación de programas de reinserción social desde el Poder Judicial.

“Hay programas de reinserción social, porque yo he visto y oído que han estado diciendo que no existen programas de reinserción social, lo cual no es cierto, hay todo un trabajo que se ha hecho, a través del Poder Judicial, de los Juzgados de Adolescentes, con lo que se llama Justicia Restaurativa, que es tratamiento a los jóvenes y el resarcimiento a las víctimas, todo un proyecto que se viene trabajando desde hace muchos años”, señaló Ramos.

“Quizá donde hace falta poner el énfasis es en la prevención, porque el Código tiene tres libros, uno de Prevención, el libro de los Tribunales de Adolescentes, y el de Tratamiento, el énfasis siempre se pone en nuestro país, desgraciadamente, en la represión, en el castigo, no en la prevención o en el tratamiento”, lamentó.
 
Revisar las penas y comparar
“Entonces, creo que sí es un buen momento para reflexionar sobre eso, porque este no es un problema solo del Estado, sino también de toda la sociedad, de las organizaciones de la sociedad civil. Nosotros hemos firmado convenios con instituciones de la sociedad civil, como Casa Alianza y otros, para trabajar con adolescentes en situación de riesgo.

En ese sentido, consideró que otras organizaciones también deberían integrarse a esa tarea, y que para ello puede hacerse una consulta, primero a los especialistas en el tema y un estudio comparado.

“¿Cuál es el resultado de haber subido las penas en otros países? Quizá sea necesario subirle un poco (las penas), pero no creo que esa sea la solución absoluta al problema”, razonó.


“Hay países donde es diez años, hay otros donde es quince, habría que hacer un estudio comparativo en esos países sobre el impacto que ese aumento de las penas ha tenido, si ha hecho que disminuya la delincuencia o no y debatir en torno a esos resultados”, opinó.

Estadísticas de la CSJ dicen que 2010 unos 3,872 adolescentes menores de 18 años infringieron la ley, con delitos como robos agravados, lesiones, robos con fuerza, violaciones, asesinatos y otros contra las personas.