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Jairo Alberto Portillo, de 59 años, quien enfrenta cargos por proxenetismo, denunció que él y otros presos permanecen en “condiciones inhumanas” en las cárceles de la Dirección de Auxilio Judicial, DAJ, ubicadas en la Loma de Tiscapa.

“Es necesario que a las cárceles de la DAJ permitan la entrada del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, para que confirme las condiciones en que estamos”, dijo Portillo.

En las celdas de la DAJ, los reos son obligados a permanecer desnudos,  convirtiéndolos en presas fáciles de las nubes de zancudos, según el denunciante.

Portillo también afirmó que en la DAJ no existen sanitarios para los presos, y por esa razón al lado donde comen también hacen sus necesidades fisiológicas.

“Digo esto porque no solo está en peligro la salud de quienes estamos presos, sino también de los policías”, subrayó Portillo.

Esta denuncia explica por qué los presos llevados de la DAJ a los tribunales, una vez que recae sobre ellos la prisión preventiva, piden a los jueces ser trasladados al penal en Tipitapa.

EL NUEVO DIARIO buscó en varias ocasiones la versión de las autoridades policiales en torno a la denuncia de Portillo, pero luego de varias llamadas telefónicas, no hubo respuesta positiva.

La última comunicación fue con la  inspectora Claudia Obando Guido, quien pidió como requisito para responder a la denuncia, que las preguntas fueran enviadas vía correo electrónico, pero al ser preguntada en cuánto tiempo respondería, dijo: “Será mañana, hoy martes.

La acusación
En la acusación presentada por la Fiscalía, Portillo explotaba sexualmente a cuatro jóvenes en el centro de masajes “Tantra”, que tenía en la Primera Etapa del Reparto “René Schick”.

En la acusación se asegura que Portillo obligaba a las cuatro jóvenes a tener relaciones sexuales, por lo cual cobraban 250 o 500 córdobas, quedándose él con el 50%.

Las denunciantes, en edades de entre 19 y 30 años, aseguraron que Portillo las obligaba a tener relaciones sexuales con él antes de darles el empleo en el salón de masajes, bajo el argumento de que “debía probar la mercadería primero”, refiere la Fiscalía.