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Desde ayer soplan aires de libertad para Farinton Reyes, acusado de violación en perjuicio de Fátima Hernández, ya que en la Sala de Vistas y Alegatos de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal Julio Montenegro expresó que la verdadera víctima del sistema de justicia era el imputado, pues “no existen pruebas que lo incriminen”.

La posición de Montenegro no fue sorpresa en la audiencia de casación, pues fue la misma que sostuvo en el Tribunal de Apelaciones de Managua, donde en su momento causó asombro, ya que en vez de defender a la víctima, resultó defendiendo al victimario, y junto a Ramón Rojas, defensor del señalado, lograron una reducción de la condena impuesta en primera instancia, de ocho a seis años de cárcel.

“El Ministerio Público no es un órgano acusador a ultranza, y en virtud de que prevalezcan la verdad y la objetividad, reconoce que el victimario es víctima y corrige la situación. Solicito no se estime la casación de Fátima, porque no solo es revisión de pena, sino determinar la responsabilidad penal o no del acusado”, expresó Montenegro.

Ambas partes recurrieron
Ramón Rojas y Fátima Hernández recurrieron de casación solicitando que se desestime la resolución del TAM. La diferencia está en que el primero pide que  se declare inocente a su defendido; mientras que Fátima solicita que se confirmen los ocho años de prisión dados por el juez de primera instancia.

Lo cierto es que la Sala de lo Penal de la Corte en reiteradas ocasiones ha expresado que una resolución no puede agravar la situación del reo. En este caso, atendiendo la jurisprudencia penal, según una fuente judicial, lo más que podría hacer el tribunal colegiado es confirmar la pena, pero no subirla, de lo contrario, se estaría contradiciendo.

Aunque también corrían los rumores de declararlo inocente de los hechos imputados, o bien aplicar nuevamente el artículo 78 literal “d”, del Código Penal, referente a que si existen varias atenuantes se podrá imponer una pena atenuante,  donde el límite máximo será el límite inferior de la pena, es decir, ocho años por violación, y el límite mínimo será la mitad (cuatro años) o la cuarta parte de este (dos años).

Cualquiera de las decisiones estaría abriendo las puertas a la libertad al señalado, ya que si le bajan la condena a cuatro años de cárcel, podría solicitar el arresto domiciliar, aunque la nueva Ley de Ejecución de Condena no contempla este beneficio a los reos condenados por delitos contra la libertad e integridad sexual.