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Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, difieren de una posible revisión del Código de la Niñez y la Adolescencia, propuesta surgida en el último mes a raíz de intensas protestas de universitarios, por la muerte de un compañero de clases a manos de cuatro adolescentes por robarle un celular.

Para el vicepresidente de la CSJ, magistrado Marvin Aguilar, es prudente una revisión legislativa de dicho Código, para valorar junto a la ciudadanía una reforma parcial en lo que respecta a las penas de los delitos contra las personas, como asesinato, homicidio y violación.

“La Asamblea debería considerarlo y meterlo a discusión a la sociedad. El Código ya tiene buen tiempo funcionando (1998), y debe revisarse sobre todo la parte que tiene que ver con los delitos contra las personas, que es el que más golpea a la sociedad y causa pánico”, dijo Aguilar.

El Código contempla como pena máxima seis años de cárcel, techo que debería agravarse y juzgarse como si fuera un adulto en los delitos contra las personas, donde las penas andan por 15 y 20 años de prisión, explicó Aguilar.

Apuestan a justicia restaurativa
Antes de aplicar estas penas, el magistrado propone aplicar una prueba sicológica para considerar si el señalado actuó con pleno raciocinio.

Mientras tanto, la magistrada Yadira Centeno está en desacuerdo con modificar las penas para adolescentes, porque sería una solución en el corto plazo, y generaría una problemática en el mediano y en el largo plazos.

“No debemos cegarnos por el furor del momento, pues estamos poniendo en juego a nuestras próximas generaciones. Creo que debemos fortalecer como en otros países el carácter restaurativo de la pena, buscando programas sociales y ocupacionales para erradicar todas esas desviaciones existentes en los jóvenes”, expresó Centeno.

La magistrada Juana Méndez y el doctor Armengol Cuadra también tienen opiniones similares a la de Centeno, pues apuestan a las medidas preventivas, a realizar estudios sobre por qué los adolescentes actúan violentamente, y valorar los resultados de la justicia restaurativa, que vela por la reinserción social de los procesados.

“Tenemos ejemplos cercanos, como El Salvador y Honduras, que han aumentado la pena y no ha dado resultado. Más bien se vuelve más violenta la actividad delictiva”, dijo Cuadra.

Los tres magistrados coinciden en que un adolescente no posee aún la madurez emocional como adulto, y que apenas están en proceso de formación, por tanto, endurecer las penas no es la mejor solución.

En Nicaragua, la población penal es de 7,600 reos. De ellos, 112 son adolescentes. Los jóvenes que tienen medidas cautelares alternas a la prisión preventiva están en programas de reinserción social en el Centro Don Bosco y en Tierra de Hombres, donde tienen programas educativos y aprenden oficios como carpintería y metalurgia, para insertarse en la vida social y laboral una vez que purguen su pena, explicó Cuadra.