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América Central, por medio del Sistema de Integración Centroamericana, no tendrá la capacidad institucional suficiente para gerenciar un gigantesco plan de seguridad regional contra el crimen organizado, si sigue buscando la solución en militarizar el problema y no en fortalecer la institucionalidad.

Así piensa el consultor en Seguridad, Defensa y Gobernabilidad Democrática, Roberto Cajina, miembro de la Junta Directiva de la Red y Seguridad de Defensa de América Latina (Resdal), al analizar la visión de los jefes de Estado y de gobiernos de Centroamérica, de cara a la próxima Conferencia Internacional de apoyo a la Estrategia de Seguridad en el istmo, que se celebrará el 21 y el 22 de junio en la capital guatemalteca.

El experto señaló que el crimen organizado y el narcotráfico tienen una capacidad extraordinaria para permear las instituciones del Estado, porque desde Panamá, hasta Guatemala, son generalmente débiles en sus compromisos ante la sociedad.

Panorama desolador
“Por todas partes mirás a jueces peleando por liberar a los narcos, mirás cómo las autoridades se pelean por la repartición de los bienes narcos, y hasta ves cómo se desaparecen los millones de dólares incautados al crimen organizado, sin que nadie descubra cómo; hay jueces, magistrados, fiscales, abogados y policías sospechosos de todo eso. Aquí en Nicaragua ahora hasta aparecen funcionarios de Medicina Legal favoreciendo con dictámenes médicos a acusados de narcos, y eso es grave”, advirtió.

“La penetración no es de golpe, aquí viene cediendo poco a poco, iniciaron con abogados, gente especializada en contactar a abogados que empiezan la logística de corromper el sistema judicial, y así van avanzando, como avanzaron en Guatemala, El Salvador y Honduras”, ejemplificó, para luego caerle en críticas al SICA.

“A mí me parece penoso oír al presidente Colom decir que si no nos unimos el crimen organizado nos va a arruinar, y vienen los del SICA a repetir lo mismo, cuando aquí ya hay una Estrategia de Seguridad en Centroamérica, que no ha funcionado de manera coordinada”, fustigó.

Luchas individuales
“Hay un plan de lucha contra el narcotráfico, tratados, acuerdos, pactos, conferencias, pero cada quien hace lo poco que puede de acuerdo con sus capacidades, sin influencia, dirección o incidencia del SICA, que es un foro evidentemente político e inoperante”, acusó Cajina.

“¿Cuál es el problema?”, se interrogó: “Una cosa son las decisiones que se toman en las instancias políticas de las cumbres, por los presidentes, o en las reuniones de los ministros de Relaciones Exteriores del SICA, que es el segundo foro de nivel político, y otra cosa es lo que se hace en realidad en el terreno”, dijo.

“Las declaraciones presidenciales sobre el tema son maravillosas, pero en la práctica los discursos quedan en el aire, en todas partes se tiene que lidiar con prácticas irregulares del sistema de justicia penal que, en general, está increíblemente corrupto”, observó el experto en seguridad.

Narcoliberaciones
A modo de ejemplo puso a Nicaragua: “Aquí tenés a una Policía que investiga y persigue el delito; a una Fiscalía que acusa mal; a un sistema de administración de justicia que sorprende con las narcoliberaciones, y a un sistema penal que no rehabilita y que apenas tiene capacidad para medio sobrevivir sin presupuesto”.

“Si vos observás, la mayor beligerancia la muestran en recuperar o repartir los bienes incautados o en liberar o indultar vía leyes a los mayores acusados de narcos, que al final, no duran mucho en prisión, y las que quedan cumpliendo penas son las mujeres, pequeñas expendedoras”, denunció Cajina.

Otro criterio de duda del experto en torno a la eficacia del SICA para gerenciar la seguridad regional, es que las propuestas de solicitud de ayuda económica de la mayoría de los países se orienta hacia el uso de armas y de equipos de guerra contra las bandas narcos.

“La lógica de la propuesta del SICA es que la solución al conflicto es dar más plata para combatirlos con más fuerza, para ello van a Guatemala a extender la mano a los donantes; en realidad se necesitan recursos, los narcos cuentan con incontables recursos, pero si la respuesta real estaría en la cantidad de plata que haya para aplastarlos a balazos, es una respuesta equivocada”, observó el consultor de Resdal.

Concepto violento
“Cuando hicieron el primer cálculo de los 953 millones de dólares que los gobiernos centroamericanos necesitan para combatir a los narcos, la distribución era así: 84% para la represión del delito, es decir, un concepto militarizado y violento de la lucha contra la droga”, señaló.

“Otro porcentaje menor era para prevención, rehabilitación y otros, y cerca del 3%, ínfimamente, iba a ser dedicado al fortalecimiento institucional. ¿Qué te dice eso? Que el SICA, los presidentes, los estados, quieren combatir al crimen organizado sin fortalecer sus sistemas institucionales, que es por donde entra el narcotráfico, en estados débiles institucionalmente, en sistemas de justicia comprables y en sistemas públicos corruptos”, fustigó el investigador independiente.

La institucionalidad es el compromiso de la sociedad con el estado de derecho, con la seguridad ciudadana, y el compromiso con la seguridad de la nación, pero eso no lo fortalecen. ¿Cómo es posible que de todo un presupuesto, dediquen el 3% al fortalecimiento institucional?”, cuestionó Cajina.

¿Quién combate la corrupción?
“Todos los gobiernos y las autoridades de Centroamérica saben, porque es público, que el Plan Mérida de Estados Unidos para combatir al crimen organizado en México y en Centroamérica, señalaba como primer punto de debilidad la pobre institucionalidad de los países centroamericanos”, rememoró.

“Saben que se requería una profunda reforma judicial, no solo leyes, sino también capacitación de funcionarios, asignación de salarios adecuados a los funcionarios, mejor equipamiento y fortalecimiento de sus capacidades operativas, son pasos que requieren muchos años, pero aquí no ha ocurrido eso, y fácilmente se van por la ruta de dinero para conseguir por las armas lo que inició por pobreza o por corrupción”, detalló el observador.

Acciones concretas contra el crimen dominan Asamblea OEA

SAN SALVADOR/ACAN-EFE
Las sesiones de la 41 Asamblea General de la OEA comenzaron hoy en El Salvador, con llamados a concretar acciones coordinadas contra las lacras del narcotráfico y del crimen organizado, y con las elecciones peruanas y el regreso de Honduras al organismo como temas adicionales en los debates.

La Asamblea, instalada oficialmente el domingo, culminará hoy, cuando los cancilleres y representantes de los 34 países miembros activos del organismo aprueben una resolución sobre la seguridad ciudadana, propuesta por El Salvador, el país anfitrión de la cita.

El canciller salvadoreño, Hugo Martínez, exhortó a los países de la OEA a aprobar este plan de acción, porque contribuirá a una lucha “más efectiva” y coordinada contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Martínez insistió en el carácter democrático de ese plan y en la importancia de “armonizar” los instrumentos de lucha contra el delito y reforzar los programas de asistencia a las víctimas.

En ese mismo sentido se pronunciaron todos los representantes que intervinieron en las sesiones, con el agregado de alertar sobre la necesidad de pasar de los discursos a la acción efectiva para acabar con la inseguridad y satisfacer así uno de los mayores reclamos de los habitantes de esta parte del mundo.

La inseguridad que sacude al continente afecta especialmente a Centroamérica, que se encuentra bajo el fuego de los cárteles del narcotráfico desplazados a la región, y que trabajan asociados a las peligrosas pandillas para llevar hacia Estados Unidos y Europa la droga producida en países de Sudamérica.