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El Ministerio Público de Nicaragua no solo reconoció sus limitaciones de recursos para enfrentar al crimen organizado, sino que lanzó un dramático llamado a las autoridades centrales del país a dotar de más recursos y respaldo a las instituciones que libran las batallas contra el delito transnacional, “antes que perdamos la región”.

El Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez, salió al paso de las críticas de expertos en seguridad en torno a la debilidad institucional del Estado para enfrentar la amenaza del narcotráfico, admitiendo que hay debilidades estructurales en las instituciones que por mandato de ley deben enfrentar a la narcoactividad, pero defendió que pese a la limitación de recursos, el Ministerio Público “libra la lucha en dramáticas condiciones de pobreza de recursos”.

“En la nueva Ley 735, Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado, el Ministerio Público ha dado un gran paso contra el crimen organizado y la disposición de los bienes incautados, lo que hay que hacer por parte de las instituciones del Estado, y yo no rehúyo las críticas que nos hacen, es preocuparse para que estas leyes tengan vigencia, que no sean papel mojado”, se quejó el Fiscal.

Críticas al sistema
“Ya que en Nicaragua el Ejército, la Policía y el Ministerio Público hacemos un gran esfuerzo en medio de nuestras limitaciones de recursos, habría que insistir a las instituciones y funcionarios, a que cumplan con las leyes, sobre todo con la Ley 735”, insistió Centeno Gómez.

El fiscal se quejó de que el MP participa en las incautaciones y persecuciones, en las operaciones de quiebres del Ejército y de la Policía, en las acciones policiales de allanamientos, pesaje de las drogas, conteo de las incautaciones de billetes, investigaciones de los hechos y levantado de actas, hasta llegar al proceso judicial y “poner a los criminales en el sistema penitenciario”.

“Los fiscales hasta amanecen con los ojos entumidos de tanto contar y contar el narcodinero incautado al crimen organizado, pero de ese dinero luego no sabemos nada más, no lo volvemos a ver, no nos avisan de nada, ni un estímulo al Ministerio Público”, se quejó el Fiscal General.  


Enanos de CA
“La tristeza de todo esto, es que para 130 mil kilómetros cuadrados de territorio y casi seis millones de habitantes, Nicaragua apenas tiene 290 fiscales para combatir el crimen organizado y la delincuencia común, y para defender a las víctimas del delito. El pequeño El Salvador, tiene cerca de mil 400 fiscales; Guatemala, Honduras, Costa Rica, todos, nos superan en presupuesto y en cantidad de fiscales”, comparó Centeno.

Según los cálculos de la Fiscalía, mientras Guatemala asigna 86 millones de dólares al Ministerio Público, en Nicaragua el presupuesto no llega a los cinco millones de dólares.

“Entonces vienen las críticas, los jueces se quejan de que los fiscales a veces no están temprano en las audiencias, pero los pobres fiscales hacen turnos nocturnos, y a veces no han salido del turno y tienen audiencias por todos lados, sin siquiera tener derecho a su descanso de compensación”, lamentó.

 

Presupuestos escuálidos
“Pedimos 300 millones de córdobas, y nos reducen a menos de 140 millones de presupuesto; necesitamos 600 fiscales, pero no tenemos más capacidad que acoger con dificultad a 290”, dijo.

“La situación del Ministerio Público es dramática, lo he venido diciendo desde hace años: mientras no mejoren el presupuesto del Ministerio Público, la narcoactividad irá creciendo de manera desproporcionada, porque los fiscales no damos abasto ante el crecimiento de ese flagelo”, expresó Centeno Gómez.

“Aquí no hacen falta más leyes nuevas ni nuevas políticas penales, sino funcionarios con nuevas visiones y con compromisos sólidos para poner en vigencias estas leyes, porque estamos llenos de buenas leyes, pero sin la visión, sin el respaldo institucional y sin los recursos, nuestra lucha es difícil, aunque estamos haciendo lo propio dentro de nuestras limitaciones”, manifestó el fiscal.

Narcos nos desbordan
Por su parte Mauricio Herdocia, Presidente del Instituto Centroamericano para la Integración, ICI, y Rector de American College, señaló que el crimen organizado tiene tanta fuerza y posee tantos medios para operar a nivel internacional, que las leyes nacionales quedan rezagadas, por lo cual se necesita crear políticas de seguridad regionales integrales para poder enfrentarlo.

“Los delitos transnacionales hacen ineficientes las leyes internas, desbordan los marcos domésticos y requieren un modelo cooperativo regional mayor, desde bases y recursos mayores con mayor caudal de soberanía compartida”, alegó Herdocia, durante su presentación de propuestas para la Estrategia de Seguridad de Centroamérica, en el foro de cara al Sistema de Integración Centroamericana, actividad impulsada por el Capítulo Nacional del CC-SICA, el Instituto de Estudios Estratégicos de Políticas Públicas, el Foro de Mujeres para la Integración Centroamericana y el Instituto Centroamericano de Integración, en coordinación con la oficina en Nicaragua de la Fundación Friedrich Ebert.

Más armas, más muertes
Según los estudios del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el porcentaje de homicidios con armas de fuego está en crecimiento, lo que evidencia la importancia del combate al tráfico ilícito de armas ligeras y pequeñas, y armonización de leyes sobre tenencia y portación de armas.

Regionalmente, la tasa de homicidios por armas de fuego pone a  en primer lugar a Honduras, 46; seguida de El Salvador, 44.7; Guatemala, 38, y Belice, 21.5. Entre los índices más bajos están Costa Rica, 8.5; seguida de Nicaragua, 2.9, y de Panamá, 16. Debido a esto plantean la necesidad de un tratado regional para eliminar el tráfico de armas ligeras y pequeñas.

Han gastado más de 3 mil millones de dólares desde 2005 y no ven resultados

 

EU reconoce fracaso en  combate contra drogas  

WASHINGTON/EFE
El gobierno de EU ha gastado más de 3,000 millones de dólares para la lucha antidrogas en América Latina desde 2005, pero no puede rastrear bien esos fondos por falta de supervisión, según un informe divulgado ayer en el Senado.
La insuficiente supervisión de los contratos concedidos por el Pentágono y por el Departamento de Estado, hace imposible el rastreo adecuado de los fondos para combatir el narcotráfico, indicó el informe, solicitado por la senadora demócrata de Misuri, Claire McCaskill.

Más de la mitad de los fondos son concedidos a contratistas privados para el suministro de aviones y demás equipos, y para las operaciones de vigilancia y de capacitación de agentes.

Pero la investigación, realizada por el subcomité de Supervisión de Contratos del Senado, señaló que las agencias federales de EU carecen de sistemas para rastrear adecuadamente el dinero invertido, o para evaluar su eficacia.
"Está cada vez más claro que han fracasado nuestros esfuerzos para combatir el tráfico de drogas en América Latina, especialmente en lo que se refiere al uso de contratistas", se quejó McCaskill, Presidenta del subcomité.

La investigación solicitada por McCaskill revisó los contratos concedidos entre 2005 y 2009 para operaciones antinarcóticas en Colombia, México, Perú, Bolivia, Ecuador, Haití, Guatemala y República Dominicana.