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La Corte Suprema de Justicia mandó a cerrar momentáneamente el Registro Público de la Propiedad de Río San Juan, ya que despidió al personal a cargo por estar implicado en falsificaciones y tráfico de expedientes, según investigación de la Policía Nacional.

Entre los despedidos están el registrador Manuel de Jesús Reyes y cuatro personas más que formaban el equipo de esa delegación. La magistrada Alba Luz Ramos expresó que los 200 expedientes perdidos fueron encontrados por la Policía en casa de los investigados.

Pendiente acusación
“Tuvimos que mandar a cerrar el Registro y poner un candado, porque no vaya a ser que se lleven las cosas. Permanecerá así hasta que nombremos al nuevo personal”, dijo Ramos.

Sobre si el Ministerio Público acusará o no a las personas implicadas, la magistrada dijo desconocer la decisión, pero aseguró que tanto la Procuraduría General de la República como la Fiscalía han participado desde un inicio en la investigación.

La corrupción en el Registro de Río San Juan  salió a luz cuando el equipo de trabajo que tiene como fin la implementación del Proyecto de Modernización en los Registros en todo el país, realizó las auditorías en esta delegación.

Clara Cruz Castillo y Rosario Acosta, asesora legal y secretaria técnica, respectivamente, de una comisión especial, encabezan la delegación nombrada por la  magistrada Ramos para implementar el Plan de Rezago 0, y las Normas y Métodos de Procedimiento para la atención a los usuarios en el Registro de Río San, quienes ha guardado sigilo alrededor de los hallazgos de corrupción.

De todo un poco

No obstante, ha trascendido que al enterarse de la presencia de la Comisión, los afectados han acudido en “romería” para denunciar que han sido víctimas de cobros ilegales que van desde 300, 500, 1,000, 2,000 y hasta fuertes cuantías en dólares, por la tramitación de documentos. Entre la red interna y externa de falsificadores de documentación y “mordidas” se señala el supuesto involucramiento de abogados, secretarias, miembros del Poder Judicial, usuarios, amanuenses, afanadora, y el Registrador Manuel Reyes.

Mientras la ciudadanía posa sus ojos en las instalaciones del Registro, los reclamos se escuchan por doquier. Según algunos afectados, si sobornan a las amanuenses, los documentos son entregados en menos de 24 horas, pero si se limitan a pagar lo que establece el Registro podrán pasar años llegando diario.

Doña Yesenia del Socorro Oporta dijo ser originaria de San Miguelito. “Por la inscripción de una escritura tengo dos años de venir, y me engañan, me dicen venga dentro de 15 días, dos veces he pagado en el banco y nada, uno reclama y no hacen caso”, resintió.