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La utilización a discreción que el Poder Judicial hace de los fondos incautados en operaciones al crimen organizado, enturbia la lucha del país contra los narcotraficantes y delincuentes transnacionales, denunció el Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez.

De acuerdo con el máximo jerarca del Ministerio Público, desde antes que se aprobara la Ley 735, Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado, a finales de 2010, la institución que él dirige viene insistiendo en que las incautaciones de dinero y de bienes pasen a una caja única del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, donde se distribuyan equitativamente entre las instituciones encargadas de enfrentar el problema: Policía, Fiscalía, Ejército y Poder Judicial.

Eso, denuncia Centeno Gómez, no ocurre en la práctica, y a manera discrecional se lo reparten directamente por orden judicial, la Policía, el Ejército, la Universidad Agraria, el Poder Judicial y la Procuraduría General de la República.

Informes no llegan
“La ley me manda a mí que les demande informe a todas las instituciones que han recibido bienes del crimen organizado, a que me digan cuántos bienes han recibido y cómo los ha invertido o en qué condiciones están usándose”, explicó el fiscal.

“Yo me comprometí a pedir esos informes a las instituciones que han sido beneficiadas, y todavía estoy esperando respuesta…”, reveló Centeno, quien se queja de que la carga laboral de los fiscales aumenta sin que el Estado les asigne fondos necesarios para aligerar la función pública.

“Es un tema de mucha necesidad aclarar ese reparto, para evitar la tentación de los funcionarios. Son fondos cuestionados porque su origen viene del crimen, y que por lo tanto deberían ser limpiados por la maquinaria jurídica que creó la Ley 735, de manera justa”, expresó el fiscal, quien incluso reveló que la marginación hacia el Ministerio Público ha molestado a los fiscales, quienes demandaron sin éxito en una ocasión, realizar un plantón de protesta ante la Corte Suprema de Justicia.

Fiscales resentidos
“Hay resentimiento de los fiscales, se sienten discriminados, como funcionarios del Estado, yo los reuní para hablarles del fondo de retiros para fiscales, que se iba a alimentar del aporte presupuestario del Estado y de la participación en las incautaciones, que tampoco han llegado a nuestras arcas, es una situación grave, dramática. A la hora del retiro no vamos a poder beneficiar con lo que queríamos, y vamos a repartir pobreza entre nuestros fiscales cuando les toque irse del servicio”, dijo Centeno.

“Que los jueces se acuerden que incumplen la Ley 735, al decidir que los bienes narcos deben ser festinadamente repartidos, sin ser integrados a una caja única que los distribuya”, criticó.

De acuerdo con Centeno Gómez, la falta de presupuesto a la Fiscalía ha impedido a la institución contratar más fiscales, quedando el personal reducido a 290, de 600 que se requieren, lo cual incide en la retardación de justicia por falta de capacidad para atender con rapidez más de 60 mil causas anuales.

“Estamos con una crisis enorme, una crisis de mora judicial, hay como 18 mil causas fiscales en mora, pendientes por atender. Que recuerden los señores jueces que sin fiscal no hay juicios, hay muchos juicios pendientes, son más de 60 mil causas anuales que debemos atender”, precisó.