•   RIVAS  |
  •  |
  •  |

Mientras el inversionista estadounidense Christopher Evans Chartier trataba de recuperar una valiosa propiedad costera de Tola por la vía judicial, el Procurador General de la República (PGR), Hernán Estrada, se le adelantó, y sin que el Estado fuera parte de la disputa, inscribió la propiedad  a nombre de Nicaragua,  usando una “minuta descriptiva”.

El proceso usado por la PGR se llevó a cabo con mucho sigilo, pero un trabajo investigativo de EL NUEVO DIARIO,  comprobó cómo el inversionista norteamericano fue despojado de la valiosa propiedad ubicada frente a Playa Colorado.

Con la minuta descriptiva, la PGR solicitó en abril  inscribir  la propiedad  de más de seis manzanas  a nombre del Estado, y la petición ya se hizo realidad, pues  aparece  inscrita en el registro público de Rivas, con cuenta registral número 41,292, folios 37, 38 y 39 del tomo 473.

La propiedad  la había adquirido Evans Chartier, el 9 de noviembre de 2006, mediante escritura de compra venta que le realizó a su favor Marcos Antonio González Fuentes, y lo curioso es que esta zona es parte de la famosa finca de Wiscoyol, que perteneció a los Somoza, por lo que esta zona costera tiene una estrecha cercanía con la también disputadas costas de Playa Amarillo, que también quiere la PGR.

Primer despojo
Una vez que el inversionista adquirió la propiedad, en 2007, fue contactado  por el rivense Héctor José Lacayo Páez, quien le ofreció sus servicios como gestor para realizar los trámites de inscripción de la propiedad, pero al final, Lacayo Páez lo que hizo fue venderla el 20  de octubre de 2007 al jinotegano Juan Thomas Altamirano, por la suma  de  400 mil dólares. Dicha venta estremeció al inversionista norteamericano, ya que este, por medio de sus abogados,  alegó  que Lacayo Páez, le vendió su propiedad con un poder generalísimo que él nunca le otorgó ni firmó, y que fue emitido el 18 de abril de 2007 por el abogado José Román Guzmán Zamora. Prueba de ello es que en la actualidad se ventila un proceso penal en contra de Lacayo Páez y este abogado, mientras que por la vía civil, el inversionista busca cómo cancelar la escritura de compra venta que realizó su supuesto apoderado a favor del jinotegano.

Surge narcotráfico
En medio del litigio por la propiedad, el jinotegano Thomas Altamirano se hizo humo del país al verse  involucrado en un  caso de narcotráfico en marzo de 2010, cuando la Policía Nacional capturó a sus hermanos Leticia  e Ilish, junto a otras tres personas que gestionaban realizar un vuelo en un helicóptero Bell 206B3, azul, franjas doradas, matrícula TG-CIL, en el que supuestamente estos se dedicaban transportar  estupefaciente de San Juan del Sur hasta San Juan del Río Coco, frontera con Honduras. La captura ocurrió en un hangar del Aeropuerto Internacional “Augusto C.  Sandino”, que era donde tenían estacionado el helicóptero, y al momento de la captura gestionaban un nuevo vuelo, pero todo se les vino al piso con el hallazgo de residuos de cocaína dentro de la aeronave, y los cinco fueron detenidos, mientras que a Thomas Altamirano se le giró orden de captura al vincularlo al caso, y por esa razón se hizo humo del litigio que tenía con el norteamericano.

PGR inscribe “Por sus pistolas”
Sin embargo la, PGR, surgió como un rival más fuerte para Evans Chartier, ya que sin mucho preámbulo y sin hacer mucha bulla inscribió la propiedad a favor del gobierno, y en el libro del Registro Público de la Propiedad de Rivas, señalan que el lote lo inscriben  en cumplimiento al artículo 614 del Código Civil de Nicaragua, que dice:  “Son bienes del Estado todas las tierras que estando situadas dentro de los límites territoriales carecen de otro dueño”.  A la vez, agregan que para inscribir  “las propiedades nacionales no se necesita  presentar título anterior,  sino que bastaría presentar una minuta descriptiva del inmueble autorizada por el funcionario competente o interesado”.

Advertencia a  Iglesia Católica
En los folios 37, 38 y 30 del tomo 473, que es donde está inscrita la propiedad a favor del Estado, también se hace  una especie de advertencia a la Iglesia Católica, al describir claramente que, de igual manera, la PGR podrá inscribir  a nombre del Estado de Nicaragua “los antiguos edificios conocidos con los nombres de Palacio Episcopal, Casa Cural y seminarios”. Se trató de conocer la versión del Registrador Público de Rivas, Pedro Muñoz, pero este mandó a decir que estaba ocupado con un trabajo que tenía que entregar a Managua.