•   SAN CARLOS / RÍO SAN JUAN  |
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Defraudación tributaria, la inscripción de transmisión de propiedades en Áreas Protegidas obtenidas por costarricenses o testaferros, hecho que se pronunció al aprobar la Asamblea Nacional la Ley de Régimen de Frontera, la emisión de libertad de gravamen sobre propiedades ya gravadas, abuso de autoridad, estafa y posible crimen organizado, son --entre otros-- los delitos que podría imputarle el Estado al exregistrador de Río San Juan, Manuel Reyes, al personal de esa entidad, y otros, de acuerdo con las investigaciones preliminares.    

Mientras las instalaciones del Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Río San Juan, en San Carlos, permanecen a puertas cerradas bajo el resguardo policial, la Policía del Departamento de Investigaciones Económicas y la Procuraduría General de Justicia continúan investigando.

Pese a que las oficinas del Registro fueron cerradas y se espera el nombramiento del sustituto del Registrador, cuyas propuestas realiza la estructura del partido de Gobierno entre sus allegados, las amanuenses consideran mantener su trabajo. En días recientes, el magistrado Francisco Rosales, al reunirse con jueces de la Circunscripción Central, en Juigalpa, advirtió que era mejor que renunciara el Registrador de Río San Juan, atribuyéndole de gravedad la inscripción de transmisión de propiedades de costarricenses en las Áreas Protegidas de la frontera nicaragüense.

Pero también Rosario Acosta, miembro de la Comisión Especial, al reunirse a puertas cerradas con el personal, tras conocer las denuncias, les conminó a renunciar,  pero continuaron como que no pasaba nada hasta que le pusieron candado a la puerta.  

El comisionado Jardiel Arteaga, segundo jefe policial sólo dijo: “Todos son investigados”.

Además del exregistrador Manuel de Jesús Reyes, integran el personal, las amanuenses Marlene Romero y Karla Corea, con 20 y 7 años, respectivamente, de trabajar en el Registro; Marjery Murillo y la afanadora Adela García, quienes gozaban de la confianza de Reyes.   

El personal ha rendido declaración ante la Policía y ante la Comisión Especial, cuyos miembros recuperaron una cantidad no precisada de expedientes en las viviendas de las amanuenses. Supuestamente, ellas trabajaban por las noches en sus casas para entregar en un tiempo record los documentos por los que recibían “mordidas”, o  los “chineaban”  cuando convenía.

Mucho Que Escarbar
El procurador departamental, José Ramón Gutiérrez, refirió que “no podemos ahondar porque hay mucho que escarbar”. Adelantó que según las indagaciones preliminares, están involucrados tres abogados de la ciudad de San Carlos.
José Cecilio Hernández, pastor de la Primea Iglesia Nazareno de San Carlos,  denunció que tras comprar un terreno para construir una vivienda, delegó todo el papeleo a un abogado, y su secretaria le entregó la libertad de gravamen, historial registral y la inscripción de la escritura con firmas y sello falsificado del Registrador.

“Yo no sabía hasta que al pretender tramitar un préstamo en Prodesa me dijeron que no fue aprobado por presentar una documentación falsa”, sostuvo.
Explico que acudió al Registrador y lo que hizo fue anularle todo, viéndose obligado a hacer el reclamo ante la secretaria, quien debió pagar para obtener los documentos legales, no sin  antes cobrar la amanuense Marlene Romero, 600 córdobas, costo que no se corresponde con los oficiales.

“Yo como cristiano tengo que proteger  a la sociedad, no encubrir este tipo de cosas, porque es una estafa, y el Registrador o pudo estar ajeno a lo que estaba pasando o tendrá que dar razón de sus actos”, sentenció.