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Lo más terrible no es que, en el transcurso de una hora, 21 cadáveres con signos de tortura fueran repartidos por la ciudad de Morelia, la capital del estado de Michoacán. Ni que, a plena luz del día, dos hombres fueran ahorcados en un puente de Monterrey, la capital de Nuevo León. Ni siquiera que varios sicarios se bajaran de una camioneta en la ciudad de Torreón, en el norteño estado de Coahuila, y fusilaran a 13 muchachos de un centro de rehabilitación de toxicómanos. Lo más terrible es que, si siguiéramos con la nómina de asesinatos hasta el centenar que se cometieron el miércoles o los 40,000 contabilizados desde 2007, apenas hallaríamos culpables. Y no solo porque el 98,5% de los delitos que se registran en México quedan impunes, sino porque, como en el caso de la matanza de Morelia, las autoridades no saben quién se esconde bajo las iniciales T.A., con las que los sicarios tuvieron la desfachatez de firmar su fechoría.

La debilidad de las autoridades es tal en lugares como Morelia, la ciudad natal del presidente Felipe Calderón, que los criminales pretenden ganarse el favor de los ciudadanos atribuyéndose sus funciones. Vendiendo seguridad para los negocios legales o ilegales --gasolineras, tiendas de comestibles, prostíbulos, piratería y venta de drogas--, y también impartiendo supuesta justicia. Justicia rápida. Justicia sin juicios.

Junto a cada uno de los 21 cadáveres --todos hombres, con un tiro de gracia y huellas de tortura-- esparcidos por los cinco puntos de acceso a la ciudad, los criminales dejaron unos mensajes escritos en cartulinas: ‘Porque la sociedad lo exige, aquí están los rateros de casas habitación, asaltantes o violadores, y aún faltan más’. Firmado: ‘T.A.’.

¿Quiénes están detrás de esas siglas? ¿Son verdaderamente ladrones y violadores los ajusticiados? Habrá que esperar las respuestas, pero no es seguro que lleguen.

9,000 sin identificar desde 2007
Y no es seguro, porque de las 40,000 víctimas caídas en la guerra continua y callejera que vive México desde 2007, alrededor de 9,000 personas están aún sin identificar, y de otras 5,000 se desconoce el paradero. De hecho, la nueva Procuradora General de la República, Marisela Morales, acaba de proponer la creación de un registro de desaparecidos, después de que durante los últimos meses se hayan descubierto cientos de cadáveres en fosas clandestinas encontradas en el norte de México, pero también junto a zonas turísticas como Acapulco.

Al día de hoy, la guerra contra el crimen organizado que emprendió el presidente Calderón se caracteriza por la falta de resultados y por su opacidad. No se sabe ni quién muere ni por qué. Sencillamente, no existe un listado de fallecidos. Ni de supuestos maleantes caídos en enfrentamientos con la Policía Federal o el Ejército, ni tampoco de servidores públicos.

Cuando un agente de la autoridad es asesinado, la sospecha cae sobre él como una segunda losa. Su familia jamás sabe si lo mataron por defender la ley o por lo contrario.

Llama la atención que el presidente Calderón jamás haya asistido al funeral de algún policía o de algún civil víctima del fuego cruzado.

La secta Michoacana
‘Fue una barbarie, no se recuerda un hecho similar en esta ciudad’. Las declaraciones de Jesús Montejano, Procurador de Justicia de Michoacán, dan idea de la conmoción que ha causado en Morelia el hallazgo de los 21 cadáveres. Y eso que aquella bella ciudad --declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco-- sabe bien de días aciagos.

La madrugada del 15 de septiembre de 2008, coincidiendo con la celebración del grito de la Independencia, unos desconocidos lanzaron varias granadas sobre la multitud, y mataron a ocho personas. Y durante años sus vecinos han sufrido el azote de un peligroso grupo mafioso autodenominado. La Familia Michoacana.