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El Estado no puede adjudicarse propiedades que tienen dueños, como sucedió en el caso de seis manzanas de tierra en Tola, Rivas, denunciado por Christopher Evans, quien trataba de recuperar un valioso terreno costero por la vía judicial, cuando la Procuraduría General de la República, PGR, se le adelantó y lo inscribió a nombre del Estado, según el análisis hecho por el exprocurador Alberto Novoa.

El exfuncionario de gobierno explicó que el procedimiento de usar una “minuta descriptiva” para inscribir un bien a nombre del Estado es legal, pero lo que no puede hacer la PGR es inscribir una propiedad que ya tiene dueño, y, por lo tanto, Catastro no debió inscribir, porque se estaría hablando de un bien con dos asientos registrales distintos.

Según el denunciante, la propiedad de seis manzanas fue inscrita en el Registro Público de Rivas, con cuenta registral número 41,292, folios 37, 38 y 39 del tomo 473, pero ahora tiene otro registro a favor del Estado.

"El verdadero dueño lo que tiene que hacer es demostrar con documentos en mano que él es el propietario, y mandar a cancelar el registro catastral que le dieron al Estado", dijo Novoa, quien también aclaró que la acción no constituye delito.

La propiedad  la adquirió Evans Chartier el 9 de noviembre de 2006, mediante escritura de compra-venta que le realizó a su favor Marcos Antonio González Fuentes, y  dichas tierras forman parte de la famosa finca de Wiscoyol, que perteneció a los Somoza, situación que preocupa al estadounidense, porque esta zona costera tiene una estrecha cercanía con las también disputadas costas de Playa Amarillo, las cuales, asimismo, quiere la PGR.

PGR justifica adjudicación
La explicación dada ayer por la PGR a través de su oficina de prensa, sobre la adjudicación al Estado de seis manzanas de tierra ubicadas en zona costera en Tola-Rivas, que tiene en litigio el inversionista estadounidense Christopher Evans Chartier, enredó más la situación, porque dice que se las adjudicó porque provienen del narcotráfico, y fueron entregadas al Estado a través de sentencia firme.

Esta versión, emitida ayer por medio de un comunicado, es contradictoria con la información que aparece en el Registro Público de la Propiedad de Rivas, donde se indica que se adjudicó la propiedad bajo la figura de la “minuta descriptiva”, en vez de aparecer inscrita la sentencia judicial que acredita la propiedad al Estado.

Según la versión oficial, a la PGR le corresponde frenar el tráfico ilegal de tierras, y lo sucedido en Rivas es parte de  los últimos reductos de las modalidades de operación irregular entre algunos individuos que combinan actores extranjeros, algunas veces de buena fe, para afectar intereses particulares en algunas zonas costeras, pero también los intereses del Estado.

“Tal es el caso de la conocida  Playa Amarillo, y la referida ayer y hoy en un diario local, conocida como Colorado, en la que también se ha combinado alguna actividad relacionada con el crimen organizado, según sentencia firme, las que dieron lugar a una adjudicación al Estado de Nicaragua”, dice el comunicado de la PGR.

Quiere confiscar propiedad en Managua
Otra denuncia contra la PGR
LÉSBER QUINTERO
Las denuncias por expropiación de propiedades por parte de la Procuraduría General de la República, (PGR) van en aumento. Ahora es el capitalino José Leonardo Gutiérrez González, quien señala directamente al Procurador General de la República, Hernán Estrada, de estar realizando acciones ilícitas para  confiscarle   una propiedad localizada en Monseñor Lezcano, de donde fue el Banco Popular 30 varas al norte.

El lote de terreno tiene una extensión de 960 varas cuadradas, y con documentos en mano, Gutiérrez González evidenció que su papá, Pablo Gutiérrez, la compró en 1971 a Edgardo Matamoros Lacayo, y para generar ingresos a su hogar construyó una cuartería para rentar habitaciones, sin imaginarse que al final los inquilinos reclamarían la propiedad como de ellos, basados en  una solvencia que les entregó la Intendencia de la Propiedad.

De acuerdo con Gutiérrez González, en 1999 inició a través de la vía judicial una demanda con acción reivindicatoria de bienes inmuebles por juicios sumarios, para tratar de sacar a los 11 inquilinos que están en la cuartería y recuperar de esa manera la propiedad. El diez  de diciembre de 2004, el juez del Juzgado Primero Civil de Circunscripción Managua, falló a su favor.

Con dicho fallo, Gutiérrez González procedió a gestionar la orden de desalojo, y fue hasta el 28 de septiembre del 2006 que logró obtener dicho documento, pero la Policía Nacional no ejecutó el desalojo, “y abogados afines al Frente Sandinista introdujeron una apelación del fallo emitido el 4 de diciembre  en el Tribunal de Apelaciones de la Sala Civil Dos de Managua”.

Al respecto, los magistrados Gerardo Rodríguez, Perla Arróliga y Vida Benavente, emitieron una sentencia el seis de septiembre de 2010, en la que confirman el fallo del 10 de diciembre de 2004, que se dictó en el Juzgado Primero Civil de Distrito de Managua.

Además, declaran improcedente el recurso de apelación interpuesto por la parte apelante.

Estrada entra en el conflicto
“Sin embargo, a  partir de este momento, el procurador Estrada se inmiscuyó de lleno en el  litigio a favor de los inquilinos, como si la propiedad que compró mi difunto padre fuese del Estado”, señaló Gutiérrez González.

El afectado reforzó su acusación en contra del procurador Estrada, mostrando el incidente de nulidad que introdujo el  procurador en el Tribunal de Apelaciones de Managua, el 16 de julio de 2008, en el  que pide se declare sin lugar el incidente promovido por Gutiérrez González, y que dicten sentencia sobre el recurso interpuesto por los inquilinos, y en este sentido, la respuesta de los magistrados de la Tribunal de Apelaciones de la Sala Civil Dos de Managua, fue la sentencia emitida el 6 de septiembre de 2010, en la que fallan a favor de Gutiérrez González.

“Pero el procurador continuó con sus intenciones de confiscarme la propiedad para repartirla en contubernio con la Intendente de la Propiedad, ya que pese a que ya había ganado el caso en primera y segunda instancias, sigue oponiéndose a que se cumpla con esta sentencia, en la que se da la razón de que se me restituya la propiedad”, señaló.

De acuerdo con el denunciante, para evitar que se le restituya la propiedad, el procurador Estrada introdujo un nuevo incidente de nulidad absoluta, esta vez en contra de la sentencia dictada contra el fallo dado por la Sala Civil Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua, “por lo que hay una claro interés de confiscarme, y esto va en contra de lo que prometió el presidente Ortega en su campaña presidencial de 2006”, culminó diciendo el afectado.

En el comunicado, la PGR afirmó que desconoce si se está afectando a alguna iglesia en alguna región del país, pero que el Estado nicaragüense ha sido respetuoso con las propiedades de la Iglesia.