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La preocupación que el Frente Sandinista mostraba sobre los millones que el Estado le debe al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS, cuando el partido era oposición, “se agotó” con la aprobación de la Ley Marco en octubre de 2005. Dicha legislación quitó la posibilidad a los asegurados de recuperar los fondos de su Seguro Social, cuando ya el FSLN pasó a ser gobierno.

Pero los especialistas en el tema consultados ayer por este rotativo, no es lo único que recuerdan. Manuel Israel Ruiz señaló que hasta noviembre de 2006, los estudios actuariales del INSS reportaban que los ministerios del gobierno central y los entes autónomos, le debían a la entidad del Seguro Social 13 mil millones de córdobas.  

“Creemos que en cinco años, la deuda puede ser mayor, no menos”, dijo Ruiz.

Delito no pagar al INSS
Agregó que es de los que creen que esta gigantesca deuda es producto de una seria negligencia que debería ser perseguida por las autoridades competentes.
Como especialista en el tema, recomendó revisar lo que establece el Código Penal de Nicaragua en su artículo 313 sobre los delitos contra la Seguridad Social. “Está claro, los que no pagan al INSS cometen delito”, explicó Ruiz.

Y es que el articulado establece en sus incisos a) y b) que a quienes habiendo retenido al trabajador la cuota para la seguridad social no la enteren a la entidad, “se les impondrá una pena de uno a cuatro años de prisión…” y agrega que si la anomalía se produce en el ámbito de la administración pública nacional, regional o municipal, además de la pena, “se le aplicará la inhabilitación absoluta al funcionario responsable de seis a diez años”.
 “Aquí es un asunto de ley y hay responsabilidad comprobada”, expresó Ruiz.

La oportunidad perdida
Ruiz recordó que la Ley 539, que buscaba reformar la actual Ley de Seguridad Social, y que quedó suspensa con la Ley Marco, llegó hasta establecer en su artículo 31, incisos número uno y dos, no solo que el Estado debería enterar lo que correspondía pagar como empleador de los servidores públicos, sino que para saldar las deudas acumuladas, el INSS recibiría vía presupuesto anual, 377 millones de córdobas.

“Es más, la misma ley decía que el monto aumentaría de forma progresiva hasta la cancelación definitiva. Esta asignación sería una prioridad, solo que parece que ahora lo han olvidado”, criticó Ruiz.

Donald Castillo, quien dirige la Asociación de Jubilados y Pensionados de Nicaragua, Ajupin, le agrega que el primer impulsor de la ley en el Parlamento fue la bancada sandinista.

“Irónicamente, la misma bancada sandinista también apoyo la Ley Marco. La Ley 539 era un buen comienzo para resolver la crisis económica que padece el INSS”, explica Castillo, agregando que si uno suma los 12 mil millones que le adeudan, según las autoridades del ente de la seguridad social, más las reservas actuales que son dígitos parecidos, el INSS tendría el doble del monto entre sus cuentas.

“Claro está que no hablamos de que con esto se soluciona el problema, pero al menos se le garantizaría al INSS muchos años más, un tiempo que se puede aprovechar para una estrategia distinta a cargarle todo al trabajador”, amplía el líder de Ajupin.

La Ley n.º 558, conocida en su momento como Ley Marco, publicada en La Gaceta, el 20 de octubre de 2005, dejó en suspenso cinco leyes, cuya aprobación enfrentó al entonces presidente Enrique Bolaños con el Parlamento. Los diputados llamaron a la Ley Marco “Ley para la Estabilidad y Gobernabilidad del País”, y contenía solo tres artículos: la suspensión de las leyes, entre ellas las reformas al INSS, la restitución de Bolaños para el nombramiento de varios entes autónomos, y su fecha de vigencia.

“Todo fue político, y se perdió la gran oportunidad de devolverles a los asegurados los fondos que por derecho les corresponden al INSS. Ahora, los mismos diputados que entonces la impulsaron como oposición --que son los de la bancada sandinista--, como gobierno la han olvidado”, comentó Castillo.

Ruiz recordó que la ley era tan estricta que, en el caso de las alcaldías y de los entes autónomos, mandaba a que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público descontara de las transferencias que por ley se les asignan, los abonos al INSS.

“Se mencionaba, incluso, que para evitar la mora, las transferencias ya vendrían afectadas, y se garantizaba lo que debían enterar al Seguro Social”, agregó Ruiz.

Ley actual clara, pero…
La ley actual que regula la seguridad social en Nicaragua fue aprobada vía decreto el 11 de febrero de 1982.  Aunque sin la “garra” que los diputados sandinistas le habían impreso a sus reformas en 2005 (Ley 539), establece claramente en su artículo 31, que el entonces Ministerio de Finanzas (ahora Hacienda) deberá enterar al INSS sus contribuciones como empleador del servicio público.

Explicó Ruiz que la Ley señala, además, que estas asignaciones deberán incluirse en el Presupuesto General de la República. “Nadie puede alegar ignorancia de ley, Hacienda está obligada a incluir en sus cuentas estos pagos, y debe estar bien definido en los proyectos de presupuesto que son Ley de la República”.

Negligencias de INSS y Hacienda en el período de Ortega
El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), bajo la dirección del presidente ejecutivo Roberto López Gómez, nunca cobró al gobierno del presidente Daniel Ortega la deuda que el Estado debe a la institución que administra el fondo de retiro de miles de pensionados.

En una carta enviada por López al Consejo Superior de la Contraloría General de la República el pasado 6 de mayo, a la cual EL NUEVO DIARIO tuvo acceso, el funcionario asegura que el INSS sí ha hecho gestiones para tratar de recuperar la deuda a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP).

“Le informo que la gestión que hemos realizado para la recuperación de la deuda que tiene pendiente el gobierno de Nicaragua con el INSS, es enviar mensualmente Estados de Cuenta dirigidos al Msc. Alberto Guevara, Ministro de Hacienda y Crédito Público”, explica en una carta López.

De acuerdo con el documento, las gestiones están debidamente registradas en el Informe de Auditoría y de Cumplimiento de los Estados Financieros del INSS al 31 de diciembre de 2007, emitida por la firma de Consultores Públicos Independientes, “Sevilla Manzanares & Cía. Limitada”.

No obstante, el Informe Ejecutivo AGLL-DRCFP-157-052011 revela que la actual administración del Seguro Social ha omitido cobrar al gobierno la deuda del Estado con los asegurados.

Basado en el reporte elaborado por la misma firma privada que auditó al INSS, la directora de Registro y Control de Firmas Privadas de la CGR, Aracelly García Llanes, da a conocer a los contralores que el informe de auditoría emitido por la firma privada, indica textualmente que la deuda no se pudo satisfacer por diferencias de montos estimados entre el Seguro Social y Hacienda.

“No pudieron satisfacerse del adeudo a cargo del Gobierno de Nicaragua a la fecha antes indicada, por la cantidad de C$1,269,488,117 (un billón 260 millones de córdobas), puesto que MHCP les comunicó en atención a solicitud de confirmación, saldos distintos a los que presenta el INSS en los registros de esa institución”.

De acuerdo con las explicaciones del INSS a la CGR, la institución intentó cobrar mensualmente al MHCP desde 2007, cuando la deuda era de 462.2 millones de dólares, monto que ascendió a 539.9 millones de dólares al corte de cuenta del 28 de febrero de 2011.

Sin embargo, tras analizar la documentación soportada por el Seguro Social, la directora de Registro y Control de Firmas Privadas de la CGR concluyó que el INSS “no ha efectuado las gestiones de cobro necesarias ante el MHCP para la recuperación de la deuda contraída a nombre del Gobierno Central, puesto que en cinco años (2007-2011) presentaron solo dos remisiones de Estados de Cuenta al MHCP, no cobros, sin que este Ministerio les haya dado una respuesta al respecto”.

“Por tal razón, existe una omisión de ambas instituciones con respecto a la deuda antes relacionada”, dice textual el informe oficial de CGR.

Tampoco presentaron pruebas de posibles acuerdos sobre el cobro, por lo cual la funcionaria a cargo orientó al Consejo Superior de la CGR “requerir nuevamente nos remitan evidencias contundentes de la gestión de cobro”, y “documentar” las gestiones al respecto, para demostrar la voluntad del INSS “para que el MHCP honre la deuda”.