Rafael Lara
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Un peligroso “caldo de cultivo” se fragua en la Costa Atlántica por la falta de presencia efectiva de las instituciones estatales, y por la irrespetuosa explotación de los recursos naturales en su territorio, por lo cual no resulta extraño que algunos costeños expresen sentimientos independentistas, opina Norwin Solano, abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh.

“No es extraño que ante este panorama existan sentimientos independentistas, situación que definitivamente no creemos que resuelva los problemas de las comunidades”, dijo el jurista, agregando que si bien existe una Ley de Autonomía, no se está cumpliendo a cabalidad.

No es sólo que en Monkey Point estén indignados porque no se les ha tomado en cuenta para el proyecto de un puerto de aguas profundas, la construcción de un oleoducto y de una línea de ferrocarril, tampoco es “gratis” que a Punta Gorda se le llame la “tierra del olvido” y que los afectados por el huracán Félix se quejen de falta de atención.

No hay justificación

“Son situaciones que crean innecesarias tensiones entre las autoridades comunitarias y el gobierno central. Creemos que el Estado de Nicaragua, a través de los diferentes gobiernos que han pasado, no tiene justificación por ese abandono institucional”, dijo.

Solano comentó que esta región no sólo debe ser vista como una bodega de materia prima, como una mina de recursos naturales a ser explotados, o como un lugar donde muchos llegan con falsas propuestas de desarrollo, que al final sólo sirven para que unos pocos aprovechen de los beneficios pesqueros, forestales y minerales de la región, sin que al final la zona logre su desarrollo.

Indicó que, simplemente hablando de un rubro, en la zona costera del Atlántico se obtiene la mayor producción camaronera --unos 50 millones de dólares anuales--, pero esa población continúa en la extrema pobreza.

“El Estado de Nicaragua está en deuda, desde siempre, con las comunidades del Atlántico, donde no se ha logrado impulsar el desarrollo económico, a lo que se agrega la falta de presencia efectiva de instituciones estatales como los ministerios de Salud, de Educación, del Trabajo y de la Seguridad Social, entre otros”.

Exigen reconocimiento de derechos

Solano señala que los comunitarios están protestando para que se les reconozca como autoridades de sus territorios y que les respeten los lugares que ancestralmente les han pertenecido.

Tanto la Ley 28 o Estatutos de Autonomía de las regiones de la Costa Atlántica, como la 445 o Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas, les otorgan el mandato al gobierno regional, reconocido tanto en la Constitución Política como por el derecho internacional.

En el caso de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ésta ha pedido al gobierno nicaragüense el respeto de la soberanía de estos pueblos sobre esas tierras y sus recursos.

Ante esas premisas, los habitantes de la Costa Atlántica con justa razón exigen el respeto a su institucionalidad, a las costumbres y tradiciones particulares.

Nada a la fuerza es bueno

“Por muy beneficioso que sea para las comunidades, no pueden llegar a imponer un proyecto si no cuentan con el consenso de las comunidades. Por eso mucho termina en indisposición, inconformidad y protesta, tal como está sucediendo con el proyecto de oleoducto y puerto de aguas profundas en la zona de Monkey Point”, resaltó.

Solano considera que el gobierno debe tener muy en claro que ningún proyecto podrá ejecutarse en la zona de las regiones autónomas sin el consentimiento de las comunidades autóctonas, lo cual muchas veces es menospreciado.

El abogado del Cenidh recomienda fortalecer los mecanismos de comunicación y coordinación, para que no haya malas interpretaciones ni se exalten los sentimientos separatistas. Por otra parte, se deben crear y desarrollar políticas que promuevan el respeto y participación de las comunidades en sus decisiones.