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Dowaly Mendoza Cisneros, señalado por el Ministerio Público como el jefe de una poderosa red de narcotraficantes que supuestamente tienen su base en Sandy Bay, es un influyente político liberal y encargado de ejercer funciones policiales en esta comunidad del municipio de Bilwi, Región Autónoma del Atlántico Norte.

El presidente municipal del PLC en Bilwi, Dale Teophile, reconoció que Mendoza Cisneros es concejal municipal de su partido, sin embargo, niega conocer su presunta participación en actividades del crimen organizado y aclara que éste se juramentó pero nunca ha desempeñado su función. “Su curul lo ha asumido su suplente Aliston Moody”, indicó Teophile, al tiempo que descartaba cualquier gestión partidaria para respaldar al inculpado.
 
Denuncian atropellos
Gioconda Escobar, una vecina de Sandy Bay, madre soltera de siete niños, aseguró que los policías comunitarios que están bajo el mando de Dowaly Mendoza se dan el lujo de maltratar a cualquier ciudadano.

En tanto, Jorge Webster, otro habitante del sector de Sandy Bay, fustigó al diputado de Yatama, Brooklyn Rivera, por haber avalado a estos policías comunitarios en la radio Yaptis Tasba.

Webster dice que los policías comunitarios de Mendoza fueron seleccionados por una
minoría y que se han dado a la tarea de aterrorizar al pueblo. “Meten a la gente en una mazmorra insalubre, cobran multas desde 5 mil hasta 10 mil córdobas y hasta usurpan funciones de jueces dictando sentencias de 10 años de prisión”, denunció.
 
Viven en zozobra
En Managua, una fuente del Ministerio Público dijo que no han podido capturar a Dowaly Mendoza porque está resguardado por unos 40 hombres armados.

Un agente policial de la RAAN que solicitó anonimato, señaló que Mendoza tiene un poderoso grupo de paramilitares con la fachada legal de policías comunitarios avalados por el Consejo Regional Autónomo, Ministerio de Gobernación, alcaldía de Bilwi y la misma jefatura de la policía.

Hasta el momento ninguna autoridad de la RAAN ha dicho qué medidas tomarán contra Mendoza y su grupo de policías comunitarios señalados como presuntos miembros del crimen organizado.

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