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La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, magistrada Alba Luz Ramos, sostuvo ayer que mientras la Unidad Administradora de bienes incautados, decomisados y abandonados, provenientes del crimen organizado y el narcotráfico, no esté nombrada, los jueces no aplicarán dicho mandato.

“No está formada esa unidad, cómo van a aplicarla. La ley no dice eso que la Fiscalía está pidiendo”, dijo Ramos.

La reacción se debió a que el  Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez, mandó una carta a la magistrada Ramos solicitando un inventario de los bienes provenientes del narcotráfico, basado en el artículo 98 que manda que todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras que tengan en posesión, depósito o administración estos bienes, tienen la obligación de informar al Ministerio Público de Nicaragua, dentro del término de 30 días, sobre los mismos.

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Sin embargo, la magistrada Ramos le respondió la misiva citándole el párrafo final del mismo artículo 98 que dice: “Las disposiciones de este artículo no se aplicarán a los bienes asignados a las Instituciones del Estado por medio de sentencia firme o por las leyes de la materia que se hubieren dado antes de la entrada en vigencia de la presente Ley”.

En síntesis, los bienes que ya fueron asignados al Poder Judicial mediante sentencia firme no son susceptibles de aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 98, por lo que aclara el mismo artículo en su párrafo último.

Es oportuno recordar que todo el dinero que le es asignado al Poder Judicial proveniente del narcotráfico, va a parar a la cuenta para el fondo de jubilación de los jueces y magistrados, como ha sostenido su administrador general.