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Mientras a diario llegan ciudadanos a realizar trámites, el Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Río San Juan continúa acéfalo desde el viernes de la semana pasada, día en que la presidenta de la Corte Suprema de Justica, magistrada Alba Luz Ramos, ordenó el cierre de las instalaciones por supuestas actuaciones ilícitas del exregistrador Manuel de Jesús Reyes y su equipo de trabajo.

 Aunque se maneja extraoficialmente entre las propuestas hechas por el representante del partido de gobierno a Jessy Alaniz, hermana de Bertha Rosa Alaniz, delegada de Inifom y secretaria política de San Juan de Nicaragua, y la abogada Luisa Amada Espinoza, se dice que ambas no cumplen los requisitos establecidos para ese cargo, que es contar con 5 años de ejercicio profesional.

Ayer el exregistrador Reyes llegó a San Carlos a retirar sus pertenencias y al tratar de sacar lo suyo, en las oficinas del Registro el policía que custodia las instalaciones no se lo permitió.

Continúan investigaciones
El Procurador Departamental de Justicia, José Ramón Gutiérrez, dijo que continúan reuniendo evidencias sobre los cobros ilegales, evasión de impuestos, emisión de libertad de gravamen sobre propiedades ya grabadas, abuso de autoridad y la inscripción de transmisión de propiedades en Áreas Protegidas, obtenidas por costarricenses o testaferros, cuyos elementos serán los conclusivos del equipo que han constituido para las investigaciones con la Comisión Especial.

El proceso investigativo aún continúa y hasta en las financieras siguen descubriendo documentos falsificados.

Yeriel Masís, director de la financiera Prodesa, en San Carlos, reveló que al solicitar a los clientes los requisitos para optar a préstamos, en abril de este año descubrieron la documentación falsa emitida por el Registro Público.