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Un reconocido organismo de derechos humanos de Nicaragua pidió este miércoles a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington la visita de relatores para verificar denuncias de corrupción e injerencias del poder político en la justicia nicaragüense.

La petición fue hecha por Bayardo Izabá, director ejecutivo del No gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), durante una audiencia que sostuvo con autoridades de la CIDH para presentar un informe detallado de las denuncias, que incluye la persecución de nueve dirigentes feministas.

El Cenidh demanda "que el Relator de país y la relatora de la mujer de la CIDH visiten Nicaragua a fin de verificar los hechos expuestos", señala el informe.

En el documento, el Cenidh atribuye la crisis del sistema judicial al control que el gobernante Frente Sandinista (FSLN, izquierda) y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC, derecha) tienen sobre la justicia para defender sus intereses, perseguir a dirigentes de derechos humanos y detractores políticos.

"La instrumentalización de la justicia", es producto del pacto que los líderes del FSLN, el presidente Daniel Ortega y del PLC, el ex presidente Arnoldo Alemán (1997-02) sellaron en 1999 para "repartirse" los principales cargos estatales que son nominados por el Congreso, dominado por sus partidos, indica el informe.

Esta situación ha conllevado a "una profundización del deterioro de la administración de justicia", que se extienden a "operadores" de la Fiscalía que "están siendo utilizados por los partidos políticos para complacer o sancionar a particulares en detrimento de los derechos de la ciudadanía", subrayó.

A esto se agrega la "corrupción" de jueces y magistrados que intervienen a través de cuestionados fallos a favor de políticas gubernamentales, o que dictan fallos a favor de "personas que son procesadas por el delito de narcotráfico presuntamente a cambio de dinero".