•  |
  •  |

¿Qué futuro le depara a Nicaragua en su lucha contra el crimen organizado? Bajo esta pregunta se abrió en Managua una serie de debates que iniciaron en el foro “Construyendo una Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado”, organizado por el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, (IEEPP), donde participaron expertos nacionales e internacionales que no auguraron un futuro de seguridad a la región si no articulan los esfuerzos individuales de cada país ante el flagelo del narcotráfico.

Según Armando Rodríguez Luna, investigador del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia de México, ante la guerra declarada por el gobierno del presidente Felipe Calderón a los cárteles de la droga, las bandas organizadas han trasladado sus operaciones al resto de América Latina y con más proximidad a Centroamérica, por la debilidad institucional, carencia de estrategias de seguridad, pobreza y escases de recursos de las fuerzas de seguridad para combatir a estas organizaciones criminales.

En ese sentido, dijo que si ni México con todos los recursos propios y los aportados por Estados Unidos han logrado bajar la incidencia de los narcos, será difícil que Centroamérica lo logre, sobre todo si los gobiernos del área siguen desconfiando de sus pares y anteponiendo intereses nacionalistas a estrategias regionales de seguridad.

De igual modo lo expresó el analista nicaragüense Roberto Cajina, miembro de la Junta Directiva de la Red de Seguridad y Defensa de América Latina, quien señaló que en el país pese a existir un marco jurídico que penaliza el crimen organizado y da amplias facultades a las instituciones para combatirlo, las leyes no se aplican a cabalidad por falta de interés políticos, corrupción y debilidad institucional.

Señaló que algunas instituciones incluso primero anteponían sus intereses en los recursos y bienes incautados al crimen organizado, antes que el respeto y apego a las leyes que combaten el flagelo, y puso de ejemplo a la misma Corte Suprema de Justicia, a la que señaló de violentar la Ley 735, de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado, al disponer de los recursos de los narcos sin respetar lo establecido en dicha legislación.

“Hay leyes, hay instituciones, no hay recursos, pero hay esfuerzos de la Policía y el Ejército, que se ven nulificados por la falta de voluntad política, corrupción y debilidad institucional del Estado”, señaló Cajina.

Para el experto, pese a la presencia de esfuerzos de contención de las fuerzas del orden y el aparato militar, el país no tiene ni una estrategia de seguridad contra el crimen organizado, ni una política de seguridad ciudadana para enfrentar al crimen organizado, por lo cual, a su criterio, las expectativas del país ante el fenómeno son “pesimistas”.

“Estamos perdiendo una guerra, antes de comenzar, sin necesidad de haberla perdido”, opinó Cajina.

En igual sentido se expresó el diputado de la Asamblea Nacional, Carlos Landgran, quien calificó que las leyes de la materia que combaten en esencia al crimen organizado y demás manifestaciones de la criminalidad transfronteriza, “están en papel mojado, no se aplican, o se aplican a discreción de jueces y autoridades”.

De acuerdo al legislador, la abolición de facto de las autoridades civiles al frente de la Policía y el Ejército, como los Ministerios de Defensa y Gobernación, más la incidencia política-partidaria del gobierno de turno ante los mandos de ambas instituciones uniformadas, podrían destacarse como retrocesos en la institucionalidad del país ante el crimen organizado.