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La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, magistrada Alba Luz Ramos, ordenó abrir un informativo a la jueza Rosa Velia Baca Cardoza, del Juzgado Primero de Distrito Penal de Chinandega, quien fue señalada por la Procuraduría General de la República de actuar de forma negligente y permitir la fuga de un narcotraficante.

Ramos expresó que el mismo día que la PGR envió su queja, la jueza también mandó un informe “espontáneamente”, sin necesidad de que se lo mandaran a pedir, donde explicó que emitió la orden de libertad a Héctor Enrique Castro Reyes, procesado por el delito de tráfico interno de estupefacientes, sicotrópicos y otras sustancias controladas, por vencimiento de término.

“La jueza dice que cuando terminó la audiencia de juicio donde lo declaró culpable, el hombre salió en carrera y ella alertó a la Policía y ni siquiera ellos lo pudieron detener”, dijo Ramos.

Versión de la PGR
Según la denuncia de la PGR, el imputado enfrentó en libertad el proceso, contrario a lo que manda la ley, porque la judicial hizo constantes reprogramaciones de las audiencias, hasta agotar los tres meses que establece el Código Procesal Penal para terminar el proceso cuando hay  acusado detenido.

Además, la judicial, una vez concluido el juicio, en mayo pasado, cuando lo declaró culpable, tampoco giró orden de captura en su contra, aunque estaba presente en el juicio, sino hasta una semana después, situación que permitió la fuga del condenado, dice la queja del representante del Estado.

De acuerdo con la PGR, la actuación de la judicial contraviene la política del Estado de persecución y condena este tipo de delitos.