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El gobierno de Daniel Ortega negocia con Gas Natural Fenosa un nuevo Protocolo de Entendimiento, donde demanda el “congelamiento” de la tarifa de energía al menos por seis meses en 2012, mientras las distribuidoras Disnorte y Dissur cumplen una millonaria inversión en la calidad del servicio. Los términos financieros ahora mantienen diferencias de ambos lados.

Rafael Villaseca, Consejero Delegado de Gas Natural Fenosa, arribó al país el fin de semana pasado como parte del “punto y final” que declaró el gobierno al primer Protocolo de Entendimiento que se empezó a negociar el 2 de agosto de 2007, el cual se firmó el 29 de mayo de 2008 y se agotó en la segunda semana de junio de 2011.

¿Fenosa cumplió?

En esta última fecha, los funcionarios de Ortega certificaron que lo “entendido” en ese primer acuerdo fue cumplido por Fenosa, ya que luego de varias reuniones cotejaron hasta el último centavo de los 33 millones de dólares que los españoles habían prometido invertir en el sistema de distribución de Disnorte y Dissur.

“Eso fue el fin del primer acuerdo y el alza de 41.82% en la tarifa es el inicio de la negociación del segundo acuerdo, el que ahora quieren cerrar sin informar nada a la población”, dijo una fuente vinculada al sector energético del país.

Reunión tras reunión

Agregó que por esa razón, desde el lunes pasado Ortega se reunió con Villaseca en presencia de Emilio Rappaccioli, titular del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y, David Castillo, titular del Instituto Nicaragüense de Energía (INE). El arribo al país de este ejecutivo español fue convocado por el gobierno para firmar un acuerdo de entendimiento.

Ortega demanda una millonaria inversión en expansión de las redes, mejora de la atención al cliente y calidad del servicio en un plazo de seis meses, período en el cual solicita “congelar” la tarifa y que sea Gas Natural Fenosa la que asuma el costo financiero de dicha medida que permitiría partir de cero cualquier nuevo acuerdo.

Gas Natural en "veremos"

Villaseca no ha respondido a Ortega y tiene sus propias condiciones, las que empiezan por reducir a la mitad y en un corto plazo, la cantidad de usuarios que están conectados de forma ilegal a las redes, es decir, el 21.5% de los 820 mil clientes que reporta Fenosa.

Eso significa que existen unas 176 mil 300 conexiones ilegales en todo el país, las cuales serían reducidas de un plumazo por el gobierno a poco más de 88 mil, especialmente, en los llamados “sectores marginados” o asentamientos.

Los misioneros

Rappaccioli y Castillo, por su parte, ahora tienen la misión de precisar cuánto dinero le costaría a ambas partes sanear por completo el sector energético y diseñar un proceso que permita la estabilidad financiera y bienestar del sistema eléctrico, además de explorar una posible metodología para reducir a la mitad a los ilegales.

Se conoció que la corporación española también recibió ofrecimientos de participar en los segmentos de generación eléctrica y hasta exploración de recursos en el país, propuestas que ahora son evaluadas en España y esperan una respuesta en Nicaragua.