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Por doce años, la fiscal Stephanie Pérez Borge recibió malos tratos por parte de su ahora excónyuge, Manuel Salvador Rocha Castillo, quien finalmente fue condenado a tres años de prisión por Violencia Intrafamiliar, VIF, pero el juez lo dejó en libertad en espera de una sentencia firme, mientras la víctima está en zozobra y teme por su vida si el Tribunal de Apelaciones de Managua, TAM, revierte la sentencia.

“Espero que los magistrados del TAM presenten una sentencia objetiva, y que se tome en cuenta lo que esto significará, pues siento que mi vida y la de mis hijas podrían estar en peligro si le dan la libertad y no se aplica una sanción por lo que ha hecho”, expresó la licenciada Pérez, especificando que sus temores vienen de la falta de acciones y de efectividad de las autoridades, sobre las que supuestamente su excónyuge dice tener influencias.

“Uno de los alegatos de la defensa es que yo tengo una persecución jurídica en su contra, pero es él quien por haberlo denunciado por VIF, me ha levantado siete demandas que no tienen sustento. En cambio, sigue sin cumplir con la pensión alimenticia para mis hijas, pero eso no me importa con tal de no tener que verlo de nuevo”, comentó.

Aunque no hay una fecha definida, confía en que los magistrados Ileana Pérez López, Ángela Dávila Navarrete y Rafael Avellán, del TAM, presenten una respuesta y se haga justicia.

Juanita Jiménez, del Movimiento Autónomo de Mujeres, indicó que el caso de la fiscal Pérez Borge es uno de muchos que existen de familias afectadas por la VIF y donde el sistema de justicia no es beligerante.