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¡Que nos paguen! ¡Que nos paguen! Esas fueron las expresiones repetidas una y otra vez por más de 800 extrabajadores de la Dirección General de Ingresos, que tienen sentencias judiciales de reintegro y por pago de prestaciones sociales desde hace más de tres años.

Según el asesor jurídico del Fedetrasep (Federación de Trabajadores del Servicio Público), Álvaro Leiva Sánchez, hasta el momento esto ha generado una deuda pública de 25 millones de córdobas.

“Todos estos trabajadores tienen resoluciones judiciales de ineludible cumplimiento, amparadas en el Art. 166 de la Constitución Política. Por eso le mandamos un mensaje claro a Daniel Ortega. Que resuelva esto en una mesa de negociaciones o reclamaremos nuestros derechos con sangre y con fuego”, amenazó Leiva Sánchez.

“Hemos identificado que estos empleados fueron despedidos por no compartir la forma en que se conducen las instituciones públicas, aun cuando en el Art. 101 de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, está claro que un trabajador puede incidir en la toma de decisiones de las instituciones, y aunque la Constitución Política garantiza el derecho de afiliación político-partidaria”, señala Leiva.

Tres años, ¡y nada!
María de la Cruz Mayorga, una de las trabajadoras despedidas, asegura que lleva tres años en una lucha que parece no tener fin.

“Yo trabajé 20 años en la DGI, y fui despedida por un secretario político por no quererme afiliar a su partido porque era afín al gobierno, y yo no comulgaba con esas ideas. Hasta hoy no me han pagado los 400 mil córdobas que me deben, aun cuando hay un fallo a mi favor”, asegura Mayorga.

José Tomas Gómez es otro despedido que laboró más de 16 años en la Dirección General de Ingresos, y está esperando que le paguen lo que le deben desde 2009.

“Esto es una situación insostenible para mí”, dijo, enfrentando el mismo problema de todos los demandantes. Y es que a pesar de la presión de los trabajadores, ningún funcionario quiso dar respuesta a las solicitudes de estas 800 personas, y echaron mano al cerrojo para evitar que cualquiera ingresara en la institución.

Al final, el Lic. Álvaro Leiva declaró que interpondrán una denuncia en el Ministerio Público contra el nuevo titular de la DGI, Martín Gustavo Rivas, para evitar que “esta lamentable situación continúe en la impunidad”.