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Para el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, el veredicto contra el concejal Luciano García, encontrado culpable por injurias y calumnias, no dejó lugar a dudas de que el mensaje del partido de gobierno es muy claro: “Nadie tiene que reclamar por la transparencia de las instituciones estatales”.

Según la interpretación dado por Gonzalo Carrión, director del área jurídica del Cenidh, este el proceso y el veredicto es un grave precedente en el sistema jurídico, dejando evidenciada la influencia del partido de gobierno y  que el poder judicial no es independiente.

Así en representación de la instancia que tomó la denuncia de García, el afectado que denominó el proceso en su contra como un “juicio político”, considera que desde ya se conoce la tónica en la cual se manejará la apelación de García y por dónde irán los procesos que tiene pendientes el también concejal Leonel Teller, quien igualmente su crítica y señalamiento está vinculada a la desviación de fondos municipales a través de varios cheques librados con la firma de Fidel Moreno, secretario general de la Alcaldía de Managua, rúbrica comprobada por los peritos policiales.

“Comencemos porque el proceso nunca debió existir, ya que el reclamo era profundizar en las investigaciones de la desviación de fondos de la municipalidad a través de cheques”, expresó Carrión, agregando que a quienes enviaron a cambiar los queches fueron condenados, pero ellos mismos y sus familias alegan que no se llegó al fondo de la sustracción del dinero, ni hasta los autores intelectuales del mismo.

La actuación del juez Tercero Local Penal de Managua, Ernesto Rodríguez, de aceptar de manera incondicional todo lo presentado y su rechazo total de admisión de pruebas de la defensa dejó clara la soberbia, el poder ilimitado y la gala de la impunidad por el uso y abuso de los fondos públicos.

“Aquí el ofendido no fue Moreno por supuestas calumnias, sino la ciudadanía capitalina porque nos están robando. Sin embargo aquí se condena a quien pide transparencia en la gestión pública y reclama, pero no pasa nada con quien se quedó con el dinero”, alegó señalando que todo ciudadano tiene no sólo el derecho sino el deber de denunciar cuando existe corruptela en las instituciones del Estado.