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La Contraloría General de la República, CGR, se declaró incapaz para poder auditar los otros 124 cheques de 157 que fueron cuestionados en la Alcaldía de Managua, así como investigar el funcionamiento de las licitaciones que hasta ahora se han hecho a puertas cerradas.

Otro de los puntos que la CGR no puede investigar, según una notificación que le hizo llegar al concejal liberal, Leonel Teller, es a la oficina de contrataciones de la comuna capitalina, y menos aún al Instituto Regulador de Transporte de Managua, Irtramma.

En el caso de Irtramma, los contralores de facto justificaron su nula participación en el caso aduciendo que no pueden trabajar en un caso en el que ya está actuando el Ministerio Público.

“Sobre la denuncia interpuesta ante el Ministerio Público en contra del Irtramma, no es competencia de este ente fiscalizador pronunciarse al respecto, en vista de que dicha denuncia fue interpuesta ante el MP, por tanto deberá continuar la vía jurisdiccional seleccionada”, indica el escrito firmado por  cinco contralores.

Teller también había solicitado que se investigara la utilización de recursos públicos para la campaña electoral del FSLN, pero esta petición también fue revocada, pues los contralores señalaron que no existen pruebas al respecto.

En cuanto a los cheques, los contralores indicaron que había elementos suficientes para la investigación, pero que el ente fiscalizador no cuenta con los recursos necesarios para la ejecución.

“Los contralores de facto, una vez más, protegieron a los funcionarios sandinistas de ALMA y enterraron nuevamente toda posibilidad de auditar los procesos viciados”, señaló el concejal liberal.

Otra vez Palma
Los únicos contralores que votaron a favor de que se auditaran los cheques fueron Lino Hernández y Francisco Guerra, mientras que el voto de Fulvio Palma fue el decisivo para que la auditoría no se realizara.

El concejal liberal enfrenta cuatro juicios políticos por denunciar las anomalías en la comuna capitalina, y acusar al secretario general de la misma, Fidel Moreno, a la alcaldesa Daysi Torres y a otros dos funcionarios.

El concejal conservador Luciano García también denunció esta anomalía y otras, y, como consecuencia, Moreno lo llevó a un juicio donde un juez lo declaró culpable por injurias y calumnias.