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La denuncia de un empresario de Chinandega sobre presuntas irregularidades en el manejo de millones de córdobas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) destinados a proyectos de viviendas sociales, reveló que la institución que administra los fondos de retiro de los asegurados ocultó información a más de 500 mil trabajadores nicaragüenses que ignoran las inversiones riesgosas que se ejecutan con los recursos de sus cotizaciones laborales.

El ingeniero Carlos Acosta Castellón, fundador de la empresa Viviendas Económicas de Nicaragua, Vienicsa, denunció esta semana que fondos del INSS que aparentemente fueron desembolsados para financiar tres proyectos habitacionales de interés social, fueron desviados de su destino, por lo cual personeros del gobierno y del Frente Sandinista de Liberación Nacional supuestamente intervinieron para “rescatar” los recursos y los proyectos sociales que se financian con las reservas técnicas del INSS.  

Las urbanizaciones beneficiarias de los fondos del INSS son San Carlos, en Chinandega, Valles de Sandino, en Managua-Ciudad Sandino, y Praderas del Mombacho en Granada.

Torres Céspedes niega acusaciones
Acosta Castellón denunció al exmiembro del Consejo Directivo del INSS, Leonardo Torres, de participar en las gestiones para obtener el crédito ante las autoridades del Seguro Social y de maniobrar para extraer 1.2 millones de dólares de los fondos de vivienda aprobados por el INSS y no dar cuenta de ellos.

El aludido negó tajantemente todas las acusaciones de Acosta Castellón y rechazó haber participado en la empresa citada, en los proyectos señalados y de haber operado en nombre de terceras personas allegadas a la presidencia de Nicaragua.

“Nunca he sido socio de ese señor, no tengo nada que ver con esas acusaciones y lo único que puedo decir es que todo eso es una gran mentira que ignoro con qué intenciones se lanzó a luz pública”, se defendió Torres Céspedes.

“Esa persona que me acusa que vaya a los juzgados a denunciarme y que me demuestre ahí, con pruebas, los elementos de veracidad de las denuncias injuriosas que me hace, de lo contrario seré yo quien lo demande por los enormes daños morales que me está provocando con esas mentiras”, señaló Torres Céspedes, quien negó haber actuado como operador del FSLN o como directivo del INSS para obtener recursos del Seguro Social y fundar una empresa de construcción de viviendas.

“Yo tengo la verdad de mi lado y puedo asegurarle a todas las personas que me conocen que no van a encontrar un documento mío, un cheque a mi nombre, una acción registrada a mi nombre que pruebe o demuestre las acusaciones falsas de este señor”, dijo Torres Céspedes, quien se declaró ofendido por las acusaciones de Acosta Castellón, a quien acusó de tener antecedentes en el tráfico de influencia y lavado de propiedades en Chinandega en relación con el exalcalde de esa ciudad.

 

Las preguntas del millón
Independientemente de quién aparezca en las sociedades urbanizadoras o quiénes se oculten con testaferros, no ofrece dudas que el INSS ha desembolsado esos préstamos y que entre él o los solicitantes y sus “padrinos” hay tráfico de influencias para conseguirlos.

De esto surgen dos grandes preguntas: ¿Por qué Francisco López y otros operadores del FSLN han intervenido en estos casos y disuelto y rearmado sociedades y más aún por qué esto ha pasado por la CSJ y PGR de manera subrepticia y evidentemente envueltos en los intereses partidarios de esas instituciones?

Y la otra anonadante interrogación: ¿Quién al final de cuentas pagará el dinero de los asegurados que tan alegremente suelta la Dirección del INSS?   

Teme por su vida
Por su parte, el empresario denunciante declaró ayer que teme por su vida, tras la denuncia pública por medio de la cual reclama una deuda de 150 mil dólares por un terreno de 20.7 manzanas de tierra, patrimonio de su familia, que vendió a  Vienicsa para la ejecución del proyecto habitacional.

Acosta Castellón aseguró que sus derechos como ciudadano están en peligro, debido a que existe un antecedente de una orden de captura que promovió Francisco López, Presidente de Alba Petróleos de Nicaragua Albanisa, quien lo acusó por estafa agravada en contra de Albalinisa el 8 de marzo de 2011.

El denunciante dijo que el también tesorero del FSLN actuó con asesoría del fiscal Armando Juárez para intervenir la empresa urbanizadora ante la denuncia de la presunta malversación de los fondos del INSS, así como tratar de rescatar el proyecto y los recursos, pero que se niega a reconocer la deuda por la venta del terreno.

“Francisco López no ocultó su intención de quedarse con el saldo de la deuda, al presentar una escritura elaborada por la abogada María Eugenia Silva Dávila, en la que yo desistía de la deuda. Ese escrito jamás lo firmé, pero producto de una reunión de varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia con López, me aconsejaron que detuviera las acusaciones para evitar caer preso”, denunció, luego que la misma abogada lo denunciara ante la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional en Managua, para evitar que siguiera reclamando el adeudo.

Recurrirá ante CIDH
Acosta Castellón afirmó que teme que en represalia por la denuncia le inventen cargos y lo puedan encarcelar, por lo que anunció recurrirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con quien ya está en contacto para denunciar a nivel internacional los hechos.

Agregó que también acudirá ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos Cenidh y demás foros de Derechos Humanos locales e internacionales.

El empresario denunció que “tras la operación de rescate” de Francisco López, personeros del FSLN se quedaron al frente de los negocios inmobiliarios financiados con los fondos del INSS, y que producto de ello es que las oficinas de Vienicsa fueron trasladadas al interior de las instalaciones de la empresa de materiales de construcción Mayco, negocio que fue malversado en tiempos de la administración del expresidente Arnoldo Alemán y que luego apareció en poder de empresarios del FSLN y bajo la dirección de Francisco López.

De acuerdo con una investigación periodística de EL NUEVO DIARIO en 2008, Mayco era proveedora de materiales para la construcción del proyecto El Pueblo Presidente, del programa Casas para el Pueblo, que igualmente fueron financiadas con fondos del INSS y administradas por la financiera del partido rojinegro, ALBA-Caruna.