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En el saqueo forestal que padece la Región Autónoma del Atlántico Norte, RAAN, se ha conformado una cadena de corrupción en la que, según nuestra fuente, vinculada al Instituto Nacional Forestal, Inafor, y además, tomando en cuenta el informe del fiscal territorial de Wangki Lu Aubra, Florentino Padilla, al que EL NUEVO DIARIO tuvo acceso, estarían implicadas reconocidas figuras de la organización política Yatama, aliada del FSLN de cara a las elecciones presidenciales de noviembre próximo.

La fuente narra como esos personajes, gracias a sus influencias ante los comunitarios y autoridades que no resisten tentadoras ofertas económicas, se aprovechan del histórico desorden territorial y de la disputa entre nativos y colonos, para lanzar a foráneos  a “invadir” territorios, con supuestas intenciones de habitarlas, y así, luego, poder hacer movidas de “ordenamiento” de los que han clasificado bajo el nombre de Colectivos, y cuyos integrantes son motivados a ceder el aprovechamiento de las tierras que les entregan a madereras autorizadas para operar en la zona, bajo la figura de Forestería Comunitaria, que aplica para sacar  producto forestal tirado por el Huracán Félix, en 2007, el que --de acuerdo con nuestro informante-- ya ha perdido valor comercial por su natural proceso de degeneración.

Participación de delegados de instituciones públicas

Entre los documentos que demuestran la participación de los delegados de las instituciones públicas en los territorios indígenas de la RAAN, EL NUEVO DIARIO obtuvo la copia de una cadena de gestiones, amparadas en dar cumplimiento al mandato presidencial de que se titule y se ordenen esos territorios, respetando la herencia indígena.

En la Disposición Administrativa 001-0610-2010, la Junta Directiva de la Comisión de Demarcación y Titulación, Conadeti, manifiesta “no oposición para la titulación de tierras de los Colectivos 1, 2 y 4”, integrados por excombatientes indígenas Yatama, luego de supuestamente haber comprobado mediante análisis jurídico y técnico, que los mismos no se encuentran en territorios indígenas y afrodescendientes.

Por tanto, resolvió pedir el 6 de octubre de 2010, a la Intendencia de la Propiedad y a la Procuraduría General de la República, que mandaran a titular los referidos colectivos representados por René García Becker, en el caso del número 1; José Dublon Becker representante del Colectivo 2, y por Rojas Alarcón Panting, del número 4.

El 11 de octubre, al despacho del procurador general, Hernán Estrada, fue remitida bajo la firma de Evelyn Taylor Irías, Viceintendenta de la Propiedad para Asuntos de la Costa Caribe de Nicaragua, la Disposición Administrativa 001-0610-2010, para cumplir la formalidad del proceso de Titulación, resaltando que se había comprobado que esas tierras no eran parte del territorio indígena.

Cómo se sella la cadena

La cadena la sella un Certificado de Cumplimiento emitido por Conadeti, en donde además de ubicar las coordenadas de los Colectivos detallados expresa: “La presente certificación es suficiente para que los beneficiarios puedan suscribir cualquier tipo de contratos para el aprovechamiento de los recursos naturales en el marco de la Ley 445”, dictada par la Demarcación y Titulación de las Tierras Comunales. “Es una vía libre a la explotación”, señala indignada nuestra fuente, reconociendo que esos territorios son parte de la Zona de Amortiguamiento de la Reserva de Biosfera Bosawás, cuya función es servir de escudo a la Zona Núcleo de la Reserva, y, por tanto, no es apta para ser habitada, pues la presencia humana es precisamente lo que ha alterado el uso de suelo, contaminación, y, por supuesto, avance de la Frontera Agrícola.

Tomando eso en cuenta se estaría avalando la explotación desmedida que, históricamente, se ha querido frenar, por el grave deterioro de la riqueza natural de ese recurso que le mereció el reconocimiento de la Unesco como Reserva de Biosfera, pero que por sus cualidades ha estado siempre en el interés de madereras.

Firman el citado documento Rufino Lucas Wilfred, Director de Conadeti, y Marcos Hoppington Scott, en calidad de representante de la Nación Miskitu.

Estamos hablando de un respaldo de aprovechamiento de 43,500 manzanas, en las que los beneficiarios gozan de total libertad para pactar explotación con quien estimen conveniente, pues la inspectoría de Conadeti asegura que ni es Área Protegida ni es territorio indígena. “Está todo montado para acabar con el bosque”, denunció nuestra fuente.

Representantes de Colectivos sospechosos de venta ilegal

Resulta que los nombres de René García Beker y de Rojas Alarcón Panting figuran en la lista que el Fiscal territorial reportó a las autoridades municipales como presuntos involucrados en la compra-venta de las tierras indígenas de la RAAN, donde según su reporte, entregaron 200 manzanas por dos vacas y una escopeta.

La lista de más de una docena de compra-ventas que informa el Fiscal, supone que aceptaron por paga de terrenos --que queda claro no les pertenecían--, dinero, ganado y armas de fuego. No obstante, asegura el denunciante que todo eso es una “mampara” para ocultar las verdaderas intenciones, que no es más que la repartición de tierras para su posterior depredación.

Es más, ayer informaba que a raíz de las publicaciones sobre este caso iniciaron en el territorio el trabajo de marcación de árboles en pie, el cual es una selección de los que les interesan para tumbar.

Resaltó que los personajes mencionados son cuadros claves de Yatama, lo mismo que la intendenta de la propiedad, Evelyn Taylor Irías, a quien el partido FSLN “premió” designándola candidata a diputada por la RAAN. Su suplente es otro nombre que aparece en los informes de supuesta venta ilegal de tierras: Elizabeth Henríquez, ella es un cuadro relevante Yatama e incluso fue alcalde de Puerto Cabezas.