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El reclamo de una deuda por venta de una propiedad que hizo un empresario de la construcción en Chinandega, dejó al descubierto operaciones financieras del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS, en negocios de alto riesgo, con personeros vinculados al círculo empresarial del gobierno, mediante la utilización de testaferros y de figuras jurídicas de fachada, para extraer fondos de Seguro Social y destinarlos a negocios privados que luego son presentados como “obras” de la actual Administración.

El ingeniero Carlos Acosta Castellón, fundador de la empresa Viviendas Económicas de Nicaragua, Vienicsa, denunció a fines de la semana pasada que la empresa a cargo del proyecto habitacional San Carlos, financiado por el INSS, fue intervenida por personal de confianza del presidente Daniel Ortega, para “rescatar” los fondos destinados a las viviendas sociales, luego de presuntas anomalías en el manejo de US$1.2 millones que se desembolsaron para las obras.

Acosta Castellón denunció al ex miembro del Consejo Directivo del INSS, Leonardo Torres Céspedes, de haber gestionado fondos para las casas, recursos que según su acusación, no fueron invertidos en el proyecto, lo cual alertó a las autoridades del INSS para rescatar los recursos y sostener el proyecto enmarcado en el Programa de Vivienda Social Solidaria, lanzado por el presidente Ortega en 2009.

Operadores del FSLN en escena
De acuerdo con la denuncia que Acosta Castellón hizo llegar vía correo electrónico a más de 25 medios de comunicación y a periodistas de todo el país, el tesorero del FSLN, Francisco López, intervino en el caso en nombre de la Presidencia de la República, con el respaldo del fiscal Armando Juárez, bajo la venia de la Procuraduría General de la República y con el apoyo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, para “rescatar” C$134.4 millones invertidos por el INSS en tres proyectos de viviendas sociales.
Entre los proyectos figuran la fallida urbanización San Carlos, en Chinandega; Praderas del Mombacho, en Granada, y Valles de Sandino, en Managua, de acuerdo con los denunciantes.

Los dos primeros proyectos se encuentran paralizados, y el tercero avanza conforme a los contratos con el INSS, según la publicidad otorgada por el Invur y medios oficialistas, que promocionan la construcción de 1,450 viviendas de entre 41 y 56 metros cuadrados, financiadas con tasas del 8% a los asegurados del INSS mediante la banca privada.

Torres niega, pero denuncias lo queman
Uno de los aludidos, el exmiembro directivo del INSS, Leonardo Torres, negó tajantemente todas y cada una de las acusaciones en su contra, y amenazó con demandar penalmente a quienes lo señalan de actuar como operador financiero del INSS, en nombre del hijo de la pareja presidencial.

Torres demandó a quienes lo vinculan al caso a demostrar ante los tribunales, pruebas y documentos donde aparezca su nombre o su firma en la documentación relativa al caso.

Sin embargo, el denunciante Carlos Acosta Castellón aseguró que el exmiembro del Consejo Directivo del INSS utilizó a dos testaferros para integrar la Junta Directiva de la empresa Vienicsa, y extraer US$1.2 millones del préstamo total de US$2.5 millones aprobados por el INSS, para el financiamiento del proyecto habitacional.

El denunciante mostró la escritura pública número 11 “Mutuo con Garantía Hipotecaria”, de un terreno de 20.7 manzanas, ubicado detrás de la antigua Estación del Ferrocarril del Pacífico de Nicaragua en la ciudad de Chinandega, donde aparecen como accionistas de Vienicsa una supuesta nuera de Torres Céspedes, con 45% de las acciones, y su socio Marlon Valdivia Campos, con 5% de las acciones.

¿En familia?
“La nuera de Leonardo aparece en la escritura con un título de Administradora de Empresas, que no ostenta; está casada y aparece como soltera, y con un pasaporte de los Estados Unidos; desde su posición de vicepresidenta de la empresa, nunca trabajó, y devengaba US$3,000.00 mensuales”, denunció.

Acosta Castellón añadió que Valdivia Campos, además, trabajaba para Torres Céspedes en la financiera Asociación de Consultores para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa (Acodep), y que como tal, aparecen en una foto del 24 de febrero de 2011, donde lucen junto al cardenal Miguel Obando y Bravo, quien bendijo las instalaciones de esa entidad en Managua.

Reiteró que Torres Céspedes se ufanaba de representar a un hijo de la pareja presidencial, y que por ello “mandaba” en el INSS, lo cual --a criterio del denunciante-- quedó demostrado cuando Francisco López, tesorero del FSLN, intervino en Vienicsa y se puso al frente de las operaciones de “rescate” de los proyectos habitacionales, luego de que las autoridades del INSS elevaran la denuncia a la Presidencia de la República.

Negocios son ahora del FSLN
Tras la intervención del tesorero del FSLN, las operaciones de las urbanizadoras que habían obtenido fondos del INSS se manejan ahora desde las instalaciones de Mayco, antigua empresa de materiales de construcción malversada durante la Administración del expresidente Arnoldo Alemán, y luego adquirida por el FSLN.

Una extensa correspondencia entre Víctor Solís Díaz, Director General de Estudios Económicos del INSS, y Giovanni Meza, expresidente y representante legal de Vienicsa, a la que EL NUEVO DIARIO tuvo acceso, demuestra que tras varias inspecciones al proyecto realizadas por la ingeniera Aura Roque, del INSS, el Seguro Social empezó a mostrar nerviosismo, luego de no ver avances pese al desembolso acelerado de US$1.2 millones.

La prueba del financiamiento del INSS a estas operaciones que resultaron de alto riesgo, se ven reflejadas en la escritura pública número 46, Aclaración y Ampliación a Mutuo con Garantía Hipotecaria por US$2.5 millones, equivalentes de 50 millones 241 mil córdobas a junio de 2009, firmada entre el presidente ejecutivo del INSS, Roberto López, y el exrepresentante legal de Vienicsa, Giovanni Meza, quien junto a Carlos Acosta Castellón fueron conminados a salir de la sociedad por supuestas presiones de Torres Céspedes.

50 millones en riesgos
En dicho documento se lee que el monto del préstamo es de US$2.5 millones, a un plazo de 36 meses, con 12 meses de gracia, a una tasa de interés anual sobre saldo del 7.0% con pagos mediante cuotas niveladas, para construirse 438 viviendas, en un terreno de 207,000 varas cuadradas equivalentes a 20.7 manzanas, a pagarse al vendedor, Carlos Acosta Castellón, a un precio unitario pactado a US$3.00 cada vara, lo que equivalía a un precio total de US$621,000.00.

De ese monto se canceló el 75%, quedando pendientes de pago US$150,000.00 que ahora Castellón reclama en sendos juicios en el Juzgado Quinto Civil Distrito de Managua y en el Local Civil de Chinandega, donde embargaron preventivamente la propiedad, hasta que Francisco López, ahora a cargo de las operaciones, cancele la deuda del terreno.