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Abogados y notarios de San Carlos marcharon ayer con familiares y amigos, y realizaron un plantón en la Procuraduría Departamental, por lo que consideran atropello a sus derechos humanos y ejercicio profesional, después que fueran allanadas las viviendas de tres notarios  y ocuparan los protocolos y archivos de sus computadoras, en el marco de las investigaciones que realiza la Dirección de Investigaciones Económicas de la Policía por actos de corrupción en el Registro Público de Río San Juan.

La protesta de los abogados que se han reunido para cerrar filas, se produjo después de que el miércoles 22 y el jueves 23 recién pasados, los agentes de la DIE, con orden de la judicial Sandra D’Leo, allanaron las viviendas de los abogados Fidelmo Ricardo Gutiérrez, María Esperanza Latino y Francisco Obando, a quienes les ocuparon los protocolos desde 2005, y los archivos de sus computadoras.

También catearon las viviendas de las exempleadas del registro: Marjery Murillo, Adela García; las de Karla y Marlene Romero, y el apartamento donde habitaba el ex Registrador, Manuel de Jesús Reyes.

“Exigimos respeto, ¡No a los actos ilegales! ¡Exigimos la devolución de los protocolos!”, se leía en las pancartas que portaban en la marcha, animada por el son del grupo Los bandidos de Dios.

La mañana de ayer, los abogados fueron atendidos por el jefe de la delegación policial, comisionado mayor Magdiel Pérez, quien prometió revisar el caso, y les aclaró que no hay denuncia ni proceso alguno contra ellos, según reveló el abogado Clemente Tercero. Entonces, ¿por qué se ha allanado y cometido abuso contra tres miembros de nuestra Asociación? interrogó.

Excesivo uso de fuerza policial
En un pronunciamiento dirigido a la ciudadanía, manifiestan que “dichos operativos fueron con un excesivo uso de fuerza policial, los cuales están siendo acompañados de maltrato verbal, hostigamiento a los familiares de los colegas, violentando, además, el debido proceso, abuso de autoridad y sin la presencia del Ministerio Público, al que según las normativas procesales le corresponde acompañar a la Policía en los allanamientos para garantizar los derechos constitucionales”.

Al referirse a la actuación de la CSJ, que conllevó la destitución del personal del Registro y nombramiento del nuevo, indican que “este tipo de decisiones son de carácter administrativo de la Corte, tales decisiones no tienen por qué afectar la prestación y actuación de los servicios de los notarios, debido a que los actos de Inscripción son responsabilidad única y exclusiva del Registrador y no de los notarios, ya que la autorización de un contrato comienza y termina en el despacho del notario con la firma de los otorgantes y el libramiento del testimonio”.

Registro en inventario

El Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil aún permanece cerrado para el público, en vista de que al asumir el nuevo personal, proveniente de Juigalpa, Chontales, su primera tarea es la realización del inventario.

La nueva Registradora, Arlina Paola Gill, se negó a dar declaraciones, y se limitó a decir que al menos durante esta semana no prestarán servicio a la ciudadanía, y en su momento anunciarán su apertura.