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Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aún no han decidido qué harán con toda la información que les brindó la Policía Nacional en torno a otros funcionarios del Poder Judicial, aparte de los magistrados del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) investigados y suspendidos de sus cargos.
Un magistrado de la CSJ dijo ayer que hoy analizarán qué hacer con la información que les brindó la Policía en relación con otros funcionarios, aparte de los investigados.
“Todo mundo escuchó la información y todo mundo se quedó como mudo”, afirmó el magistrado, tras indicar que los abogados no pueden ser investigados por defender a acusados por narcotráfico, porque es un derecho constitucional, pero con los funcionarios es otra cosa.
Otro magistrado indicó que las autoridades de la Policía Nacional al brindar la información expresaron su preocupación por la red con que los narcotraficantes trabajan, incluyendo funcionarios del Poder Judicial, lo que bota el trabajo que ellos realizan. Ellos esperan que la CSJ actué.
Investigados a fondo
Por su parte, una fuente de la Policía Nacional confirmó que brindaron información muy específica en relación con determinados casos, y la relación que tienen algunos funcionarios del Poder Judicial con abogados defensores de acusados por narcotráfico.
Según esta fuente, la información se brindó a partir de la investigación a los magistrados de la Sala Penal Uno del TAM, Enrique Chavarría y René Robelo, y el magistrado Oscar Loza, por dejar en libertad a tres condenados a diez años de prisión por traficar más de tres toneladas de cocaína.
Parte de la información tiene que ver con las relaciones que tenía el ex magistrado de la CSJ, Rogers Camilo Argüello --quien fue obligado a renunciar a su cargo--, con algunos abogados defensores de narcotraficantes, que aún están activos y ahora tiene otros vínculos.
Entre los abogados mencionados aparecen Víctor Grijalva, ex asesor de Argüello, y Harlam Huete, ex asesor de la Sala Penal de la CSJ, en tiempos de Argüello. A ambos la CSJ los destituyó a raíz de la salida del magistrado por supuestas irregularidades. El último es uno de los defensores en el caso de Sinaloa.
El Bufete Rojas
Huete y Grijalva, según confirmó la fuente policial, tienen relación --desde tiempo del ex magistrado Argüello-- con el bufete del abogado Ramón Rojas, cónyuge de la magistrada de la Sala Civil Dos del TAM, Rafaela Urroz, quien siendo juez penal emitió una sentencia a favor de Argüello, cuando fue acusado por injurias mientras se investigaba el caso de los 609 mil dólares.
El bufete de Rojas fue el que atendió el caso de los 609 mil dólares, a través de la abogada Astrid Bracamonte, quien recibió de Argüello el proyecto de sentencia que utilizaron para liberar a un colombiano y a su compañera, y sacar de una cuenta de la Corte 609 mil dólares. Rojas defiende, personalmente, a parte de los acusados en el caso de Sinaloa.
Johana Fonseca, ex juez suplente, destituida por defender a acusados del Cártel de Sinaloa, fue defensora de Leyla Bucardo, la compañera de Jorge Eliécer González Largo, el colombiano de los 609 mil dólares, a quien las autoridades de Estados Unidos se llevaron secuestrado con la complicidad de ex funcionarios de Gobernación.
Chavarría: primer intento de los 609 mil dólares
Ligados a éstos, mencionaron al magistrado Chavarría, quien en el caso de los 609 dólares nombró juez ejecutor al ex juez suplente Moisés Rodríguez, para intimar a autoridades de Managua, aunque su domicilio es Masaya.
Rodríguez intimó a autoridades de la Fiscalía, de la Policía, del Penal de Tipitapa y del TAM, con un amparo admitido en Masaya por magistrados de la Sala Penal, a la cabeza de Antonio Alemán, hermano del ex presidente Arnoldo Alemán.
Chavarría revocó el nombramiento de Rodríguez y declaró nulo todo lo actuado, después de que las autoridades del Penal de Tipitapa presentaron una queja contra el juez y algunos magistrados de la Sala Penal Dos del TAM, igual porque intentó intimarlos de forma ilegal y por la denuncia de los medios.
En ese caso, también actuaron Carlos Mario Peña y su hijo Mario Roberto Peña. Este último apareció en el video de Banpro, cambiando el cheque de los 609 mil dólares junto a tres personas.
Peña (hijo) es novio de Ana Gloria Reyes, (suspendida del cargo), ex secretaria de Lúquez y del ex magistrado Oscar Loza, investigados ambos por la sentencia a los traficantes de las tres toneladas de cocaína.
Un magistrado de la CSJ informó que tienen información confirmada de que la sentencia la elaboró Reyes, y posteriormente la secretaria de la Sala, Aura Doña, la llevó a revisar donde José Antonio Fletes, Secretario de la Sala Penal. Reyes dijo en un informe a la CSJ, que fue Loza quien la proyectó. Doña se encuentra suspendida del cargo.
Peña (hijo) fue destituido el año pasado del cargo de juez suplente del Juzgado Único de San Juan del Norte. Su nombramiento fue a propuesta de Argüello, quien atendía dicha zona. En su momento, el magistrado Marvin Aguilar afirmó que fue destituido por sanidad del Poder Judicial y porque nunca debió haber sido nombrado.
El caso de los Fletes
A Huete y al abogado Francisco Fletes los relacionan como enlaces con el secretario de la Sala Penal de la CSJ, José Antonio Fletes, hermano del último. Francisco Fletes defiende a uno de los acusados en el Cártel de Sinaloa.
José Antonio Fletes dijo que aunque su hermano defiende a un nicaragüense en ese caso, él no tiene nada que ver, y cuando han llegado casos de él a casación a la CSJ, se ha excusado de actuar, en su calidad de secretario de la Sala.
Fletes denunció el pasado 16 de agosto, ante la Policía Nacional, que recibió a través de mensajes a su celular amenazas de muerte de gente que se identifica como parte del Cártel de Sinaloa, para que cumpla con dejarlos en libertad. En el último mensaje le dicen que lo van a matar porque no ha cumplido con los 50 mil dólares.
“Por Dios y mi madre que no tengo ninguna relación con esa gente”, afirmó Fletes, tras indicar que tiene diez años de ser secretario de la Sala Penal, y antes fue Procurador Penal Nacional Penal, desde donde presentó denuncias en contra de presuntos narcotraficantes, en casos grandes.
Será llamado al Consejo
Una fuente de la CSJ reveló que Fletes será llamado en los próximos días por el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial.
De Huete, Fletes dijo que lo conoció cuando trabajó como asesor en la Sala Penal y con el magistrado Rafael Solís. En relación con una sentencia donde los ex magistrados de la Sala Penal Dos del TAM, declaran con lugar un recurso de apelación favor de dos condenados por narcotráfico, pero pusieron “Magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia”, dijo que la CSJ investigó.
Era Rogers Camilo, dice
“Eso lo investigó el Consejo cuando llegó el expediente, y dijeron que lo habían hecho en la CSJ con Rogers Camilo y Harlam Huete, pero no tengo nada que ver. El Consejo encontró unas anomalías, y eran de parte de Rogers Camilo que había trabajado eso”, dijo Fletes.
En la mencionada sentencia, los magistrados Lúquez y Bayardo Briceño revocan la condena a cinco años de presidio y a una multa de un millón de córdobas contra José Carlos Sánchez y Jorge Ernesto Guevara, con el argumento de que la Fiscalía acusó por “Transporte ilegal de estupefacientes” cuando debía ser por “Tráfico interno de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas”.
Ambos magistrados aún tienen abierta una investigación en la CSJ por dejar en libertad a un guatemalteco con el mismo argumento, utilizado en otra sentencia a favor de dos salvadoreños condenados por narcotráfico.
La Policía también brindó información del caso del colombiano Teodoro Masías Cortés y de los mexicanos Juan José García Mena y Jesús Preciado Ochoa, donde la juez de distrito penal de audiencias de Diriamba, Regina Escobar, no admitió una acusación de la Fiscalía por tenencia de armas.
La Fiscalía refería que a una casa vieja de Chacocente se presentaron cinco vehículos y una lancha que remolcaban; que de la camioneta descendieron cuatro hombres armados con fusiles AK de la camioneta, y que parte de los hombres se adentraron en el mar. En la captura les ocuparon vehículos, una lancha y fusiles AK.
La Policía informó a los magistrados que saben que hubo mucho dinero de por medio. La CSJ aún tiene abierta una investigación contra Escobar, quien meses atrás defendió su resolución ante los magistrados.
La investigación a jueces y magistrados del Poder Judicial, cuyas actuaciones en casos de narcotráfico han sido cuestionadas, no ha terminado, confirmaron ayer magistrados de la CSJ.
La Policía presentó una lista de otros siete abogados, cuyos nombres y relaciones seguiremos presentando.