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El doctor Alfonso Dávila Barboza, experto en Derecho Penal y expresidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, con un aval muy reconocido en el ejercicio  del citado derecho, ya como abogado litigante y exfuncionario judicial, dijo a EL NUEVO DIARIO que urge una revisión total a nuestra legislación penal y leyes anexas, en torno al debatido tema de estudio y reformas al Código de la Niñez y la Adolescencia.

“El citado Código en verdad merece profundo estudio y sostenidas reflexiones, para tener, en un futuro próximo, un cuerpo de leyes, que, en su aplicación, no dejen duda de los fines que promovieron a los legisladores determinar lo conveniente para una justicia de credibilidad y total observancia”, dijo al respecto.

El jurista considera que es urgente un estudio completo de toda la legislación penal de Nicaragua, y estimó que debe ser la Asamblea Nacional la que lleve la delantera, como se ha dado a conocer, con la conformación de varios de sus diputados en una comisión, “que son garantía de realizar una labor que merezca las consideraciones precisas para un logro definitivo en lo que respecta a lo propio de las pretensas reformas al susodicho Código de la Niñez”.

Agregó el exmagistrado que, como penalista, respalda que se consulte a profesionales dedicados al ejercicio de la abogacía, en especial en la materia penal, igual que a profesores y a personas ligadas al cuido y atención de menores en riesgo, los cuales, por su experiencia, puedan recomendar lo indispensable para el fortalecimiento de una legislación de control de la grave incidencia de delitos cometidos por menores de edad.

Dávila Barboza recordó que en años anteriores se promulgó y se tuvo como ley de mucho cumplimiento la llamada Ley Tutelar de Menores, la cual, a su juicio, tuvo un contenido muy serio, responsable y con disposiciones de fácil manejo, “pero surgió un obstáculo: que a la postre, la citada ley, no tuvo los alcances que la identificaban, como era la creación de centros o albergues con las comodidades que no tuvieran en la mente de los menores enjuiciados estar en un recinto carcelario”.

De tal manera, finalizó el citado exfuncionario judicial,  que --cabe y lo ratifica como un punto de vista personal-- el Código de la Niñez y la Adolescencia merece aumento de la penalización y una campaña abierta en que intervengan la Conferencia Episcopal, los responsables de centros de atención y auxilio de menores.

Asimismo, opinó que la comisión de diputados llame a consulta “a reputados profesores y a expertos en manejo y estudios de sistemas penitenciarios, y que esta comisión de diputados se olvide por completo de intereses políticos partidarios, y mucho menos pensar que este estudio de pretensas reformas se cobije o se cubra con ropaje de lo concerniente al período electoral que estamos viviendo”.