•   RIVAS Y MANAGUA  |
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“O salen a las buenas o a las malas”. Esta fue la advertencia que, según Iván Salazar, les hizo el magistrado Rafael Solís, para que él y su esposa Silvania Medina Sandino salieran de las tierras donde se construyó el Hotel Pelican Eyes Piedras y Olas, conocido por sus siglas como PEPO.

Según Salazar, las amenazas hechas por el magistrado el 16 de mayo de 2006 las cumplió, “ya  que a las 8:30 de la mañana del día siguiente, la ex jueza de Distrito Quinto de Managua, Ligia Rivas Peña, dictó una resolución en la que  revocó su propio fallo del cinco de abril de 2006, con el que les restituía las propiedades a los Medina Sandino, y, además, pasó por encima de la sentencia  del Tribunal de Apelaciones de Managua, y hasta se dio el lujo de cuestionar la sentencia 158 emitida el 16 de diciembre de 2005, por los magistrados de Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, con cuyos fallos los Medina Sandino ya habían recuperado las tierras.

 

Secuestro de expedientes

El cambio de actuación judicial motivó a los Medina Sandino a introducir en la Sala Civil de la CSJ un recurso de amparo en contra la resolución de la juez Rivas Peña, quien después fue nombrada magistrada del Tribunal de Apelaciones de Granada, pero fue separada de su cargo por las narcoliberaciones de diciembre de 2010.

Sin embargo, el 28 de agosto de 2006, desde la Sala Constitucional de la CSJ que dirigía el magistrado Solís, se giró un oficio a los magistrados de la Sala Civil, Noel Alonso Rivera Gadea, Dolores Barquero Brockman y Rafael Inés Urroz, para que remitieran el expediente 479-06 de Medina Sandino.

El interés de trasladar el expediente de la Sala Civil a la Sala Constitucional quedó nuevamente de manifiesto en un segundo oficio, en el que se pide en el término de la distancia remitir dicho expediente a la Sala Constitucional, y agregan remitir también a esta sala cualquier otro expediente que tenga vinculación con el caso.

“Desde ese momento el caso quedó en manos del magistrados Solís, lleva ya casi cuatro años y el caso sigue durmiendo, al igual que la demanda introducida el 29 de mayo de 2006 en el Juzgado Civil III de Managua, donde se introdujo una querella por la vía ordinaria con acción de falsedad civil, nulidad de escritura pública y cancelación de asientos registrales en contra de PEPO y otros”, dijo Salazar.

 

Admite intervención

Mientras tanto, en Managua y después de cinco años, el doctor Rafael Solís admitió ayer su intervención en el caso de Pelican Eyes, ya que aseguró que fue él quien llamó a Ligia Rivas Peña, entonces Juez Quinto Civil de Managua, para que reparara el “error” cometido en la sentencia que beneficiaba a Silvania Medina Sandino, dueña de la propiedad, porque él era el presidente de la Comisión Disciplinaria de la Corte.

Admitió la reunión que sostuvo en mayo de 2007 con Iván Salazar, esposo de Silvania Medina, con Carlos Guerra y monseñor Federico Argüello, la que entonces negó rotundamente, según entrevista dada a EL NUEVO DIARIO.

“Ahora dicen que yo tenía interés, cuando yo no tuve ningún interés. Presidía la Comisión Disciplinaria en esa época y por eso me tocó llamar a la doctora Rivas, pero no fue decisión mía, sino de la Corte, que lo importante era proteger la inversión extranjera de Nicaragua”, recordó Solís, comprobando lo denunciado por Iván Salazar, quien ha sostenido que una llamada de un magistrado bastó para revertir el caso de su esposa.

En 2007, Salazar denunció públicamente que Solís, entonces Vicepresidente del Poder Judicial, lo citó el 16 de mayo a su despacho en la Corte, donde ofreció comprarle la propiedad donde está construido Pelican Eyes, pero él respondió que no estaba en venta, y como resultado, el 17 de mayo del mismo año, la juez Ligia Rivas revirtió la sentencia que favorecía a su familia.

Ante esta denuncia, EL NUEVO DIARIO entrevistó al entonces Vicepresidente de la Corte, magistrado Solís, y este negó tal reunión. “Eso es pura mentira, no tengo nada que ver con ese caso... ya me había ido de la Sala Civil cuando salió esa sentencia”, contestó Solís en 2007.

Sin embargo, ayer admitió que sí hubo tal reunión, aunque aclarando que no ofreció comprar nada, sino que explicó a Salazar que no tenía razón legal.

“Él (Iván Salazar) vino aquí hace cinco años con Carlos Guerra, de ahí no he vuelto a ver a Salazar, con el padre Argüello, para plantearme un problema, y cuando me di cuenta de lo que era, yo le dije: “No tenés ninguna razón, ningún derecho. Tenés que vencer a esta gente (inversionistas gringos) en juicio primero para ir a desalojarlos, de nada te sirve una sentencia contra tu cuñada si los gringos no participaron en ese juicio”, explicó Solís.

 

¿Y el ofrecimiento de compra?

“Eso es pura mentira, nunca he hecho ofrecimiento menos a Argüello y a Guerra, que fue la única vez que los vi y conocí”, dijo.

Solís mantiene que la Corte en pleno fue la que decidió sobre ese caso, y que incluso, el Consejo de la Empresa Privada, Cosep, y la Cámara de Comercio Americana, Amcham, presionaron para que la Corte favoreciera a los inversionistas extranjeros.

“Yo mantengo que la jueza revocó la orden por criterio unánime de la Corte Suprema de Justicia, que manda a proteger la seguridad jurídica y la inversión extranjera. Incluso, hubo un Recurso de Amparo que se falló a favor de los norteamericanos, porque ellos tenían razón, no podían ser desalojados por una sentencia de un juicio del que no habían sido parte, eso es clarísimo y hay abundante jurisprudencia sobre eso”, dijo Solís.

Según Solís, a la Corte llegan muchos casos donde personas reclaman propiedades que fueron confiscadas en el 79 y luego quieren afectar a los terceros adquirentes, lo cual es un “disparate”.

“Los norteamericanos compraron a personas beneficiadas con título de reforma agraria y título urbano, y esos títulos fueron otorgados por el gobierno de conformidad con la ley, de tal manera que los pleitos anteriores de las dos dueñas desde hace 20 años, ya no tenían incidencia ni efecto en los norteamericanos que de buena fe compraron a los beneficiarios de títulos urbanos y agrarios”, recalcó Solís.

Al final del litigio de la propiedad, quienes están siendo desalojados de sus condominios son varios norteamericanos, ya que su compatriota, Chris Berry, dejó una deuda que sobrepasa los dos millones de dólares con los bancos, y estos se están encargando de recuperar su capital, desalojando a los norteamericanos, y los Medina Salazar nunca recuperaron la propiedad.