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“Estaba en la cocina cuando comencé a escuchar disparos. A uno de mis hijos, Apolinar Jarquín, lo mataron en la entrada de la casa, y el otro --Jimmy-- recibió varios balazos en las piernas y cayó adentro. Luego se arrastró hasta los tablones de la pared de la casa, y ahí uno de los militares se le puso de frente, apuntó y le disparó, mientras yo gritaba que no me los mataran”.

Ese es el testimonio de Vilma Vargas Martínez, quien denunció la muerte de sus vástagos a manos de una fuerza conjunta de la Policía de Siuna y del Ejército de Nicaragua, quienes al día siguiente aseguraron que se trataba de una banda de delincuentes.

La denuncia fue interpuesta en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, donde la señora Vargas y su esposo, Pedro Álvaro Mendoza, originarios de la comunidad de La Rampla, municipio de Siuna, Región Autónoma del Atlántico Norte, rechazan la versión policial, asegurando que los militares después del tiroteo entraron e incluso querían matar a su hijo menor de edad.
Al menor le decían que se hincara, pero asegura que ella lo abrazó para protegerlo con su cuerpo, gritándole que no se arrodillara. Lo halaban, pero ella no lo soltó, hasta que desistieron los efectivos, dijo en su testimonio.

“Llegaron a matarlos. No se identificaron y rompieron fuego contra mi casa, sin importar que también estaban mis hijas”, dijo la afligida madre, quien clama justicia por el asesinato de sus vástagos.

Comenzó con otra muerte
El señor Mendoza señaló que todo comenzó con el asesinato de su hijo de 16 años, Jovan, el 14 de octubre del año pasado, a manos de los policías voluntarios comarcales Julio Mendiola y Domingo Hernández.

“No conozco exactamente por qué fue, pero mi hijo estaba visitando a una mujercita, se encontró con los policías y lo mataron. Entonces no hubo acción de las autoridades en Siuna. Tiempo después mi hijo Apolinar se encontró a Mendiola, lo mató por el asesinato de su hermano, y le quitó una pistola en mayo de este año. Por eso se fue de la casa, pero no llegaron a indagar sobre esa muerte. Fue hasta el 14 de junio que regresó, y el 16 a las 4 de la mañana la fuerza conjunta rodeó la casa y comenzó a disparar”, dijo Mendoza.

A tío lo rematan
Otra de las víctimas fue Julio Vargas Obando, tío de los asesinados y quien habitaba a 100 metros de la casa de sus sobrinos. Este al escuchar los disparos salió corriendo, pero ya lo estaban esperando y dispararon contra él. Según sus familiares, pasó una media hora aún vivo, hasta que uno de los militares llegó a rematarlo.

Por estos hechos sangrientos las autoridades al día siguiente se apresuraron a declarar que “cuando la patrulla llegó a la vivienda de estos sujetos, fue recibida a balazos, por lo que respondieron al ataque, resultando muertos Apolinar,  de 25 años; Jimmy, de 23, y Julio Vargas Obando, de 40 años, pariente de los anteriores”.

La versión de jefe policial del Triángulo Minero, comisionado mayor Otilio Duarte Herrera, añade que la misión era cumplir con una orden de allanamiento y detención en contra de los hermanos Apolinar y Jimmy, quienes enfrentaban cargos por los delitos de asesinato en perjuicio de Julio Medina Siles, y por tenencia y uso ilegal de armas.

Declaró que a su vez capturaron a Aurelio Castro Obando, quien secuestró a un niño y disparó contra la patrulla para tratar de huir, mencionando que en el operativo se incautaron un fusil AK, una escopeta calibre 12 y dos revólveres, con los que “Los Jarquines” operaban en los municipios caribeños de Rosita, Siuna y Bonanza.

Rechazan versión
Los familiares de los fallecidos rechazan enfáticamente las acusaciones, y presentaron al menos 200 firmas de vecinos que los apoyan.

Mendoza expresó que él es ganadero y propietario de 300 manzanas de terreno, donde vive con toda su familia.
Sobre esto, la doctora Vilma Núñez, Presidenta del Cenidh, dijo que el Centro de Derechos Humanos, Ciudadanos y Autonómicos, recibió primero la denuncia, pero no tuvo respuesta de las autoridades regionales, y fue enviado al Cenidh.

Consideró que las autoridades deben seguir los procedimientos establecidos en tanto al uso de la fuerza y de sus armas, por lo que si se demuestra la denuncia, estaríamos frente a una ejecución sumaria.

Carlos Alberto Guadamuz, abogado del Cenidh, señaló que darían seguimiento al caso, y acompañó a los denunciantes ante Inspectoría General del Ejército y Asuntos Internos de la Policía Nacional. Ahí fueron recibidos por el subcomisionado William Areas, jefe del Departamento de Derechos Humanos, quien dijo que tomarían la denuncia, seguirían los procedimientos establecidos en las investigaciones y determinarían las responsabilidades de las personas involucradas.

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