•  |
  •  |

Nuevas denuncias de corrupción, tráfico de influencias e irregularidades administrativas en el Instituto de Medicina Legal, IML, llegaron masivamente a EL NUEVO DIARIO, por parte de usuarios y de trabajadores de dicha institución, que solicitaron el anonimato para evitar posibles represalias de grupos de poder involucrados en esa instancia de la Corte Suprema de Justicia, CSJ.

Una denuncia, de las 12 que ayer fueron reportadas a este rotativo, involucra a funcionarios de alto nivel del citado Instituto, en actos de tráfico de influencia para favorecer con beneficios de varios tipos, a personas con quienes, aparentemente, según las quejas, se tienen relaciones sentimentales.

Además, otra denuncia señala que investigadores de la Dirección de Auxilio Judicial DAJ, de la Policía Nacional, orientan y solicitan al IML dictámenes médicos para justificar liberaciones de reos o de personas bajo sospechas de delitos, o para “fundir” a alguien sospechoso bajo investigación policial.

 

Nombres en reserva

Si bien las denuncias llevan nombres y apellidos de funcionarios del IML, médicos, personal administrativo y hasta agentes policiales, EL NUEVO DIARIO se reserva la publicación de los mismos en tanto la CSJ no abra a investigación el caso.

Otra de las denuncias señala directamente al subdirector Julio Espinoza, de exigir a los trabajadores el pago mensual de una cotización para el partido de gobierno, “aunque en nuestras casas no tengamos que comer, nos amenaza con despidos cuando alguien alega que no puede dar la cuota exigida de cotización al partido”.

Un denunciante del IML dijo que la estela de corrupción que supuestamente corroe a la institución, se evidencia en la manipulación de informes de muertes de figuras públicas y parientes de funcionarios de alto nivel, que presuntamente son “acomodados” para evitar escándalos públicos mayores.

Los denunciantes, de igual modo, pidieron a las autoridades de la CSJ que auditen fondos de la cooperación extranjera que supuestamente ha recibido el IML, y “también es necesario una auditoría de los fondos del BID”.

“No omitan esta información, pues verán que más cosas saldrán a la luz a medida que pase el tiempo, pues en el IML lo que hay es una olla de podredumbre desde hace mucho tiempo, prueba de ello es que durante trabajamos con la administración del doctor Hugo Argüello, no se dieron estos casos, ahora es común la corrupción en la nueva administración”, dijeron trabajadores del citado instituto.

“Que filtren a investigadores y auditen los ingresos de los servicios privados que brinda el IML, como es la venta de los dictámenes médicos legales a particulares, cuyos costos ascienden de 100 a 250 dólares, lo mismo que la preparación de cadáveres que cobran por debajo de la mesa en el IML. ¿Adónde van a parar estos ingresos?”, cuestionaron.

 

CSJ anuncia investigación

La presidenta de la CSJ, Alba Luz Ramos, orientó una investigación rigurosa en el Instituto de Medicina Legal para confirmar las denuncias recientes de manipulación en los dictámenes, aseguró el vocero del IML, Edgard Solórzano.

“Se va a crear una comisión para investigar toda esta situación y llegar a fondo, y tomar todas las medidas que haya que tomar”, expresó Solórzano durante una breve entrevista telefónica.      

El vocero agregó que Ramos ordenó la conformación de una comisión que entrevistará a todos los médicos forenses con el fin de investigar las denuncias.

“Esta no es una práctica ni orientación de la Corte Suprema, por eso se va a hablar con todos los médicos forenses para investigar todas estas denuncias, y para que con nombre y apellido digan las cosas”, expresó.

Hasta la fecha, solo ha habido denuncias anónimas y públicas. Solórzano dijo que ninguno de los afectados se ha quejado formalmente en la institución. Ayer, la Dirección de Relaciones Públicas del IML emitió un comunicado, lamentando que las denuncias sean anónimas.

“Las declaraciones anónimas caen en la simple especulación, y lo único que pretenden es desprestigiar y restar credibilidad a la institución y al trabajo abnegado, profesional y científico que ha venido realizando desde su existencia el Instituto de Medicina Legal”, dice el comunicado.

Agrega que “a pesar de que es difícil aclarar o resolver sobre un asunto sin nombre y apellido, la CSJ por orientaciones de la magistrada Ramos, indagará sobre el tema, porque la credibilidad de la institución no puede ser cuestionada, dada su importancia dentro de un proceso judicial”.

 

Sobre fondos

En el comunicado niegan que las cuentas bancarias con el dinero donado por cooperantes extranjeros sean manejadas paralelamente por el director de esta entidad, Zacarías Duarte.

“En el caso del PNUD y de Aacid, los fondos son manejados directamente por los donantes. En el caso de Unfpa y Aecid, la Corte Suprema de Justicia creó una cuenta a nombre de la Corte, y esos fondos son sometidos a controles y auditorías mensuales y trimestrales de parte de los donantes, y en estricto cumplimiento a las leyes de Nicaragua”, dice la nota de prensa.

 

Según el comunicado, “para el manejo de los fondos de esa cooperación externa del Instituto de Medicina Legal, existen dos firmas libradoras (A) de dos magistrados de la CSJ y la firma (B) del director del IML. Esas cuentas, además de llevarse contablemente en el IML y en la oficina de proyectos del Instituto, pasan directamente a la contabilidad de la CSJ”.

“Nosotros trabajamos sin las herramientas adecuadas, sin protección para evitar la contaminación, mientras Duarte tiene una cuenta bancaria donde depositan las donaciones de diferentes organismos, y solo él tiene acceso a ella. Ese dinero no es administrado por contabilidad del Instituto, sino por un contador independiente que Duarte contrató y está fuera de las instalaciones”, es otro de los señalamientos de los denunciantes.