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El anuncio informal hecho por el presidente Daniel Ortega en un escenario político, sobre la permanencia en su cargo de la primera comisionada Aminta Granera como jefa de la Policía Nacional, ha levantado reacciones en algunos sectores del país.

“La Policía Nacional constitucionalmente está sometida a la autoridad civil que ejerce el Presidente de la República. De acuerdo con la Constitución Política, el presidente y jefe supremo de la Policía tiene la facultad de decidir el nombramiento del director o de la directora de la Policía; por Constitución nosotros respetamos y cumplimos las decisiones que el presidente emite en el ámbito de su competencia”, afirmó el comisionado mayor Fernando Borge, jefe de Relaciones Públicas de la Policía.

La aceptación integral de Aminta

Sin embargo, para el comisionado general en retiro Francisco Bautista Lara, el mensaje trae consigo “una de cal y otra de arena”. Afirmó que la decisión presidencial anunciada es políticamente pertinente, porque Ortega no quiere trasladar la polémica que generaría la elección del director general de la Policía al mes de septiembre, aproximándose las elecciones generales, por lo que escogió la decisión que le trae menos cuestionamientos por parte de los sectores sociales.

“¿Por qué? Porque escoge a la directora actual, que tiene una amplia aceptación en los círculos políticos de derecha, izquierda y centro, en los sectores sociales, económicos y religiosos del país, entonces, al ponerla a ella se evita a abrir la discusión más amplia”, aseguró Bautista.

El espíritu de la ley y los inconvenientes  

La Ley 228, Ley de la Policía Nacional, en su artículo 88, inciso 1, especifica que el período establecido de permanencia para el Director General es de cinco años en el cargo, y concluido este período pasará a retiro.

Sin embargo, la ley no establece ninguna prohibición para que el Presidente le otorgue otro período al jefe de la Policía.

Bautista aseveró que, no obstante, Ortega violenta el espíritu de la ley, pero a la vez no está haciendo daño a ninguna persona en específico, como lo hizo el ex presidente Enrique Bolaños en el pasado, cuando decidió sacarlo, según él, injustamente, del cuerpo policial, solo por ser pariente del exalcalde de Managua, Dionisio Marenco. Agregó que, institucionalmente, el anuncio tiene algunas inconveniencias.

“Los altos jefes podrían leer este anuncio como que a lo interno de la Policía no hay material humano capaz como para relevar a la comisionada Granera, pero, además, esa inconveniencia creo que se venía manifestando desde hace años, cuando se dio el cumplimiento de los 30 años de servicio del personal, y se optó para que estos no fueran a retiro, primero, porque no había reales para pagarles…, y, segundo, porque se consideró que ese universo de oficiales eran indispensables para la Policía”, explicó Bautista.

La doctora Vilma Núñez, Presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, consideró que la primera comisionada Granera, en su período ha pagado un alto costo político e incluso personal muy serio, al verse postergada en el ejercicio correcto de sus funciones, y ahora se le quiere comprometer con otro período de su mandato. Esto tiene que valorarlo Aminta, antes de aceptar”.

“Si Daniel Ortega quiere mantener por otro período a la primera comisionada Granera tendría que reformar la Ley, y para eso solo necesita 47 votos, y si no lo hace será solo otra más de las irregularidades del mandatario”, cuestionó Núñez.  Mencionó que el presidente Ortega lo que busca es meter a la directora de la PN en el bolsón de la ilegalidad, e involucrar en esto a la gente con determinado perfil ético y moral.

“Espero que una persona que ha creído en la honestidad y en la rectitud cumpla con lo dicho en declaraciones públicas: de que el Presidente de la República, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas del país, es el único que tiene la facultad de nombrar al jefe de Policía, pero de conformidad con la ley”, dijo Núñez, agregando que si acepta la ilegalidad, sería un golpe muy serio para los que piensan que no todo está perdido, y que hay gente que por sus principios aún puede navegar en un mar revuelto de ilegalidades.

Ieepp es para decreto ejecutivo

El Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, Ieepp, a través de un comunicado, señaló que “ante las declaraciones del Presidente de la República, Daniel Ortega, quien el pasado 19 de julio sostuvo que la primera comisionada Aminta Granera “continuará haciendo” “una excelente labor” al frente de la Policía Nacional, recordamos que la Ley 228 establece un período de 5 años para la gestión de un Director General de la Policía Nacional.

Y aunque esta misma ley no prohíbe al Presidente ratificar y prolongar el período a un jefe policial, esperamos que este nombramiento se haga tal como lo determinan las leyes, es decir, por la vía de un decreto ejecutivo, y no a través de un discurso en un acto partidario”.