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Representantes de las autoridades territoriales de Awaltara denunciaron que el gobierno central y el diputado Brooklyn Rivera están violando de la Ley de Autonomía de las Regiones Autónomas del Atlántico, y la Ley 445 o Ley de Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas, al no reconocerlos como las autoridades debidamente electas.

Incluso, la queja señala que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público entregó los fondos asignados para estos territorios, C$430,489, al anterior grupo que cesó funciones el 26 de agosto del año pasado, pero que es afín al partido político del gobierno central.

La denuncia fue interpuesta en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, por Judy Abraham Omier, presidenta de la autoridad del territorio Waltara, y por Eduardo Nixon Ellis, asesor legal, en representación de un territorio compuesto por 16 comunidades en 241,307 hectáreas. Ellos mostraron la carta de la Junta Directiva del Consejo Regional Autónomo de la Región Autónoma del Atlántico Sur, que los eligió como autoridades legalmente constituidas en diciembre del año pasado.

Nixon Ellis mostró y rechazó una  carta aval firmada por el diputado Brooklyn Rivera, la cual fue presentada al Ministerio de Hacienda, donde afirma haber estado en la elección donde Haidey Bautista Salazar fue nuevamente elegida como presidenta del gobierno territorial, entre otros 15 miembros, algo que no concuerda con el documento del Consejo Regional Autónomo del Atlántico Sur.

Judy Abraham Omier señaló que, en primer lugar, se están violando leyes expresas, y, segundo, Rivera no tiene ninguna autoridad para que Hacienda traslade fondos de los
territorios.

Abusa de funciones
Por otra parte, mencionó que el diputado ni siquiera representa a la RAAS, sino que es de la RAAN. Además, según constancia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, no existe en su base de datos ningún Recurso de Amparo contra la actual presidenta de la Junta Directiva de los territorios de Awaltara, por haber sido electa. Un documento que fue presentado a Hacienda el 19 de mayo del presente año.

El representante legal territorial aseguró que se está cometiendo no solo una ilegalidad, sino también un acto discriminatorio por militancia política, y el objetivo es no darles potestad, porque las nuevas autoridades no comparten opiniones partidarias a las del gobierno central.  

Ellis también dijo que esto no es raro que ocurra en un territorio donde se impulsa el proyecto hidroeléctrico Tumarín, donde se está invirtiendo unos US$160 millones.

Gonzalo Carrión, Director del Área Jurídica del Cenidh, mencionó que la situación de ilegalidad y el sostenimiento de autoridades con período vencido es parte de la estrategia de poder del gobierno del presidente Daniel Ortega.