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El agente de Nicaragua en La Haya, Carlos Argüello, aseguró ayer que nuestro país puede recurrir nuevamente ante ese tribunal para exigir que Estados Unidos pague la indemnización.

“El desistimiento ante la Corte es diferente al desistimiento de una demanda de Nicaragua, de acuerdo con el Código de Procedimiento Civil. Al desistir del procedimiento que estaba allí, no se está desistiendo del derecho al reclamo ni a la deuda que Estados Unidos tiene con Nicaragua”, dijo Argüello durante una entrevista a los medios oficialistas.

“No es primera vez que un país desiste de una demanda y vuelve a interponerla. Una cosa es el acto de desistimiento y otra cosa, que nada tiene que ver con ese acto, es cualquier acuerdo que haya habido entre las partes”, agregó.

“En el caso de Nicaragua, ni se presentó ningún acuerdo, ni conozco yo ningún acuerdo al que se haya llegado por el cual Nicaragua renuncia a la indemnización.

Por otro lado, si acaso hubo un acuerdo, que desconozco, es evidente para todo el pueblo de Nicaragua que no se cumplió. En cualquiera de estos casos, la vía está perfectamente abierta para recurrir nuevamente ante la Corte”, dijo el diplomático.

Esta semana, Estados Unidos consideró “cerrado” el caso de la indemnización a Nicaragua. El tema volvió a causar polémica, porque el presidente Daniel Ortega anunció durante el acto en conmemoración del XXXII Aniversario de la Revolución Andinista, que llamará a un referendo para decidir si se debe reclamar a Estados Unidos el pago de una indemnización.

EL NUEVO DIARIO recientemente publicó una declaración oficial de la Corte Internacional de Justicia, que confirma que el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro renunció a continuar con el procedimiento para tasar la indemnización que Estados Unidos debía pagar a Nicaragua, producto de la sentencia condenatoria.

Nicaragua denunció en 1984 a Estados Unidos por el ataque militar de la CIA en varios municipios del país, por el minado de los principales puertos marítimos de Nicaragua, por el aislamiento económico, por los sabotajes a objetivos civiles y económicos y por los daños materiales que estas actividades provocaron.

Dos años después, la Corte condenó a Estados Unidos, país que desconoció la jurisdicción de la CIJ en ese juicio. En 1991, Violeta Barrios de Chamorro renunció a  cobrar la indemnización económica que en 1989 el gobierno había calculado en 17 mil millones de dólares.