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El ingeniero Carlos Acosta Castellón, socio y gerente de proyecto de la empresa Viviendas Económicas de Nicaragua, Vienicsa, dijo que en el terreno donde pretendía construir el proyecto habitacional “San Carlos”, de Chinandega, cuyos fondos según él fueron malversados por Leonardo Torres Céspedes, exmiembro de la Junta Directiva del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS, en complicidad con una nuera de este y con Marlon Valdivia, fueron construidas algunas obras menores.

Detalló que se construyeron 900 metros de camino de acceso, recubierto con material selecto, a un costo de US$35,000, cuyo precio fue elevado a US$50,000 por la empresa SYP, cuyos propietarios son amigos de Torres Céspedes; un pozo artesiano valorado en US$15,500; la red de alcantarillado sanitario, en US$55,500; la red de agua potable para 181 lotes, en US$20,000, y el corto de calles y desalojo de material sobrante en US$35,000, sumando en total US$161,000.

En cuanto a los planos, el denunciante afirmó que estos nunca fueron terminados, debido a la falta de experiencia y a los continuos cambios de personal que hizo Leonardo Torres Céspedes.

Añadió que los planos inconclusos costaron US$100,000, de los cuales el exmiembro de la Junta Directiva del INSS tiene que responder.

Acosta Castellón reiteró “que en el terreno no existe una sola casa, a pesar de que el INSS desembolsó US$1.2 millones a Torres Céspedes y compañía, de un préstamo aprobado de US$2.5 millones”.

Señaló, además, que Marlon Valdivia está en lo cierto; le deben US$150,000, como parte de la venta de los terrenos donde se debían construir las casas, los cuales le pertenecen al reclamante.

Confirma participación de Juárez
El frustrado inversionista dijo que el 31 de enero de 2011, el inspector general del Ministerio Público, Armando Juárez, lo amenazó verbalmente, “en cuanto a lo que vaya a hacer contra ellos, en aras de cobrar”.

Recordó que en el escritorio de Juárez observó documentación de las urbanizaciones beneficiarias también con fondos del INSS, como Valles de Sandino, en Ciudad Sandino, y Praderas del Mombacho, en Granada, las cuales corrieron la misma suerte que el proyecto “San Carlos”.

Añadió que el 8 de febrero de 2011, el magistrado Rafael Solís mandó a prevaricar a la juez Quinto Civil de Distrito de Managua, Margarita Romero, con resolución irregular en juicio ejecutivo promovido por el afectado contra Vienicsa.

“El 8 de marzo de 2011, Francisco López, tesorero del FSLN, fabricó acusación por estafa agravada contra Albanisa, y orden de captura contra mí”, dijo Acosta Castellón, quien añadió que el 25 de marzo de este año, López fabricó escritura de desistimiento del cobro de los US$150,000, y pretende que la firme, bajo amenaza de ser encarcelado.

Y el 15 de junio, la sala penal del Tribunal de Apelaciones de León, le niega el Habeas Corpus contra Francisco López y sus agentes, por lo que se siente amenazado, y en las próximas horas recurrirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington.